Procesan al secretario de Energía por los subsidios a Río Turbio

Política

Es por presunto incumplimiento de los deberes de funcionarios público por omisión de controles de las subvenciones que recibió la empresa concesionaria.

El secretario de Energía, Daniel Cameron, fue procesado por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión en los controles de los subsidios que recibió la empresa concesionaria que explotó la mina de Río Turbio.

Fuentes judiciales informaron que el procesamiento fue impuesto por el juez federal Sergio Torres a raíz de que Cameron integró, entre el 8 de febrero de 1995 y el 25 de abril de 2002, la comisión fiscalizadora de la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio S.A. (YCRTSA), y de la cual se desviaron subsidios asignados por el Estado hacia un eufemismo llamado "inversiones de mediano y largo plazo"

Cameron, junto con otros imputados integrantes de la Comisión de Fiscalización de YCRT SA, está acusado de haber omitido ejercer el debido control sobre la firma desde una comisión fiscalizadora que integraba en la década del 90.

Se trata de la misma causa en la que está procesado el empresario entonces a cargo de la concesión, Sergio Taselli por supuesta "administración fraudulenta" a raíz de irregularidades en el manejo de subsidios que recibía del Estado.

En el caso del yacimiento, representantes de los trabajadores acusan a Taselli de haber "vaciado" la empresa privatizada en 1994 y que él controló hasta 2002, cuando se le quitó la concesión. A ese "vaciamiento" atribuyen los trabajadores el accidente que en 2004 provocó un incendio y mató a 14 mineros , aunque esas muertes no son investigadas en esta causa.

Cuando procesó a Taselli, Torres basó su decisión en una pericia que demostró el desvío de los subsidios que YCRT recibía por parte del Estado a otras empresas vinculadas a Taselli .

La pericia realizada en esta causa determinó que YCRT se constituyó en "socorrista financiero de otras empresas" mientras estaba en "cesación de pagos" y no abonaba los salarios de sus propios empleados.

Al respecto, el  fiscal Federico Delgado consideró que  Cameron debía ser procesado por el delito de estafa y no por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Para el fiscal  "debían custodiar el interés público delegado en el concesionario" y, en cambio "toleraron la significativa y múltiple gama de incumplimientos", sostuvo Delgado al apelar la figura legal.

Delgado sostuvo que  Cameron "permitió que una concesión minera se transformara en una magnífico canal de fuga de dineros públicos hacia el concesionario".

"La tolerancia o ausencia de control, entonces, los volvió cómplices de la defraudación porque sin esa tolerancia el hecho no hubiese ocurrido", advirtió la fiscalía.

En su momento, Taselli fue embargado en 45 millones de pesos y cuando la Cámara confirmó su procesamiento fue contundente al describir las maniobras.

"La concesión del yacimiento carbonífero estuvo caracterizada por una situación registral y contable caótica, el manejo irrazonable de los bienes pertenecientes a la explotación, el desvío fraudulento de parte de los responsables de YCRT de los subsidios estatales recibidos en dirección a empresas vinculadas", sostuvo en su oportunidad la Cámara.



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