Duro cruce entre oficialismo y oposición en Diputados por la Ley de Abastecimiento

Política

Los 257 diputados discuten, desde pasadas las 12.20, el proyecto que regula la producción y el consumo. El debate se extendería hasta mañana al mediodía.

Tras la maratónica sesión del miércoles 10 en la que se aprobara la Ley de Pago Soberano, que finalizó en la mañana del jueves 11, se estipula que todos los legisladores tomen la palabra para debatir sobre estos proyectos sobre consumo y producción, que han suscitado una vehemente polémica entre sectores empresarios y funcionarios nacionales. De este modo, la sesión que comenzó pasadas las 12.20 del mediodía, dure hasta el mediodía del jueves.

En total son tres los proyectos que el oficialismo intentará convertir en ley: la creación de un observatorio de precios, de un fuero judicial especial para la defensa del consumidor y el usuario y la introducción de modificaciones a la Ley de Abastecimiento de 1974.

Mientras que las cámaras patronales aseguran que se trata de una norma que otorga discrecionalidad al Ejecutivo y provoca incertidumbre que atenta contra las inversiones, el Gobierno deslizó que permite cuidar a los consumidores, controlar monopolios e incluso limita la discrecionalidad que le achacan.

Uno de los más duros detractores de la iniciativa en el inicio del debate fue el diputado del Frente Renovador y representante de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, quien calificó la iniciativa que busca modificar la ley de Abastecimiento como "inconstitucional" y advirtió que "acorralar a la inversión es un error estratégico grave" porque afectará la recuperación de la economía del país.

De acuerdo con De Mendiguren el proyecto es inconstitucional porque otorga facultades a la autoridad de aplicación que les permite definir precios y márgenes de rentabilidad así como también exigir información comercial estratégica y operativa.

Desde el oficialismo la diputada Diana Conti advirtió acerca de la necesidad de darle herramientas al Estado frente a los "abusos" del "poder económico concentrado", y criticó con dureza a todo el arco opositor al que acusó de alinearse a las corporaciones económicas. "No nos dejemos correr por los grupos concentrados que no quieren renunciar a hacer uso abusivo de su posición dominante. Miren menos a (Jorge) Lanata", disparó.

De acuerdo con Conti, el paquete de medidas impulsado por el gobierno nacional busca asegurar que "las necesidades básicas de nuestro pueblo estén garantizadas y al alcance de su bolsillo", y puso de manifiesto que "quienes buscan en ellas instrumentos de política económica o represión de algunos de los actores del mercado, se equivocan".

Desde el PRO, Pablo Tonelli, rechazó el proyecto de reforma a la ley de Abastecimiento y la creación del Observatorio de Precios, al sostener que "no coincidimos ni con el método ni con la orientación y menos con el propósito de la ley" y dijo que "lo que el gobierno debería hacer es afrontar de verdad y con la dedicación que merecen los verdaderos problemas del país".

El proyecto de "Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo" actualiza las penas previstas en la Ley de Abastecimiento de 1974, habilita al Poder Ejecutivo a establecer márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquier etapa del proceso económico.

Además, permite aplicar sanciones a quiénes remarquen artificial o injustificadamente los precios de una forma que no sea proporcional a los aumentos de los costos o a quiénes acaparen mercadería, se nieguen a la venta de productos, afecten el normal abastecimiento de una mercadería, o no entreguen facturas.

En tanto, el proyecto que crea el Observatorio de Precios, establece que ese organismo será el encargado del monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en Argentina.

Finalmente, otra de las iniciativas es la que crea en el ámbito del Poder Judicial el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), donde los usuarios y consumidores podrán presentar sus reclamos de forma gratuita, y éstos deberían ser solucionados en un plazo de 30 días.

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