Claudia Ferrero, la abogada de APEL (Asociación de Profesionales en Lucha) que representa en el juicio al Partido Obrero, a Elsa Rodríguez y los heridos, analiza los motivos de la suspensión de la audiencia del juicio oral.
Cuando todo estaba listo para que comenzara el alegato de la querella de la familia de Mariano Ferreyra y se escucharan los primeros pedidos de condena, la audiencia del juicio oral debió suspenderse.
El imputado de mayor jerarquía de los policías federales que se encuentran imputados, el Comisasrio Mayor Hugo Lompizano, no se presentó ante el tribunal para escuchar la acusación. Al momento del asesinato de Mariano Ferreyra, Lompizano se desempeñaba como jefe de la Dirección General de Operaciones. De él dependía -entre otras obligaciones- ordenar la movilización de las fuerzas policiales que estaban en el lugar.
Las explicaciones de la defensa fueron confusas. Según su abogada, debido a un "imponderable familiar" había tenido que viajar a San Martin de los Andes, y dijo también que entre la urgencia y el feriado de Carnaval, no había podido avisar... Como era evidente que contaba con dos días hábiles previos para informar al tribunal, la defensora de Lompizano ´aclaró´ que recién tomó conocimiento de esta situación durante la noche anterior, cuando a su defendido le había sido imposible conseguir pasaje de regreso.
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Lompizano incumplió todos los presupuestos legales establecidos para los imputados que llegan en libertad, ya que todo procesado debe informar si se va a ausentar de la ciudad por un plazo mayor de 24 horas.
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La gravedad de la situación fue entendida rápidamente por el tribunal. Los jueces, siguiendo lo solicitado por la fiscalía y las querellas, ordenaron que Lompizano fuera conducido en carácter de detenido a la próxima audiencia del juicio y que sea el Ministerio de Seguridad el que garantice la asistencia del resto de los policías. De haber tomado la decisión de efectuar el alegato admitiendo la representación del imputado por su defensora, hubiera quedado planteada la posibilidad de que el mismo sea nulo en una apelación, con lo cual puede derivar en la nulidad de una futura sentencia. Ante el rotundo cúmulo de pruebas que establecen la culpabilidad de los imputados, el planteo de nulidades constituye en el presente la mayor estrategia de las defensas.
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Lompizano y el resto de los policías federales imputados llegaron a la instancia del juicio oral en libertad, como consecuencia de que en la instrucción se los imputara por ´abandono de persona´ y no como partícipes del crimen, que fue lo que solicitó nuestra querella. Las pruebas ventiladas en el juicio, sobre esa participación necesaria de la policía, son abrumadoras.
Lo que se presenta como un hecho aislado no debe dejar de ser considerado en un marco general, en el cúmulo de estrategias de la defensas para hacer caer el juicio oral, y más importante aún, de las fuertes presiones en juego para obtener la impunidad de los responsables por el crimen de Mariano y limitar los alcances del juicio, cuyas implicancias podrían abarcar a otros miembros del poder político, como en el caso de Aníbal Fernández. El actual senador estaba a cargo de la conducción política de la Policía Federal al momento del crimen de Mariano y actuó como un verdadero vocero oficial de todas las tentativas que se operaron desde el Estado para encubrir a los policías.
La actitud del Tribunal revela su compromiso en llevar el juicio a término, pero no significa que dicte una condena de los imputados en los términos que pretende esta querella. Las maniobras y presiones de los responsables políticos del crimen de Mariano nunca cesaron y se desarrollan al interior del oficialismo.
El ´faltazo´ de Lompizano debe ser entendido como un desafío al tribunal que lo está juzgando.
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