Mesa Judicial M: "Pepín" Simón intenta ganar tiempo para impedir la extradición

Política

La justicia uruguaya definirá mañana el segundo pedido de Hábeas Corpus presentado por el principal operador judicial del gobierno de Mauricio Macri. El primero ya se lo rechazaron.

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el principal operador judicial del macrismo e integrante de la denominada Mesa Judicial M que se dedicaba a presionar jueces para perseguir y extorsionar a opositores durante el gobierno de Mauricio Macri, insistió este viernes ante la justicia uruguaya con un nuevo pedido de hábeas corpus que será resuelto en las próximas horas por un juez de ese país. En tanto, el fiscal Guillermo Marijuán considera que se lo debe extraditar, tras la orden de captura dictada por la jueza María Romdila Servini.

Simón está acusado de integrar una asociación ilícita que se dedicó a hostigar a los accionistas del grupo Indalo y estaba llamado a prestar declaración indagatoria, a la que el propio imputado aseguró no concurrirá.

El juez uruguayo Marcelo Malvar dará a conocer mañana la sentencia en el pedido de hábeas corpus, el segundo que intenta Simón, ya que el primero fue rechazado.

El miércoles, el principal operador de la justicia macrista, fue declarado en rebeldía y ahora ante un pedido de captura concreto intenta por todos los medios ganar tiempo y bloquear el pedido de extradición.

Para ello interpuso un segundo hábeas corpus y antes un pedido de refugio al considerarse un perseguido político, argumentos que fueron rechazados por la jueza argentina.

pepin simon

Mientras el fiscal Marijuán considera que están dadas las condiciones para la extradición formal, Interpol solicitó a la jueza documentación de la causa y los elementos de prueba para publicar una circular roja.

Interpol le comunicó a la jueza que a fin de publicar la circular roja con el pedido de captura internacional necesita el cargo exacto que ocupaba el imputado al momento de cometerse el ilícito y copia de la orden para detenerlo.

La jueza, que sostuvo que no se trata de un delito político, ya dijo que "luego de más de dos años de trámite no se le ha impuesto ninguna medida cautelar ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina persecución política".

En los hábeas corpus, Rodríguez Simón alega que corre peligro su libertad y su seguridad y que es perseguido por razones políticas. Pero ante el juzgado de Servini nunca pidió una eximición de prisión, un instituto al que recurren los imputados que piensan que puede verse afectada su libertad.

La citación "Pepín" por el delito de asociación ilícita fue ordenada luego de que la jueza pudo analizar parte de la información obtenida a partir del cruce de llamadas telefónicas de varios miembros de la mesa judicial del gobierno de Macri, integrada por el propio ex presidente, el ex jefe de asesores José Torello, el ex ministro de Justicia Germán Garavano, entre otros.

En la causa, un informe elaborado por la DAJUDECO da cuenta de los registros de llamadas existentes entre Rodríguez Simón y distintas personas -varias de ellas de la más alta relevancia político-institucional de nuestro país-, que tuvieron lugar en períodos de tiempo que se corresponden con los hechos investigados en la causa, entre ellos estaría la figura de Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La jueza Servini había ordenado los entrecruzamientos de llamados entre los imputados para determinar las conexiones en fechas consideradas clave en la investigación sobre la situación de las empresas de Cristóbal López y Fabián De Sousa, y como con distintas resoluciones el gobierno de Cambiemos fue acorralando a las empresas del conglomerado empresario y a sus accionistas.

Ante una apelación de Macri, la Cámara Federal porteña ratificó la medida pero le ordenó a la magistrada circunscribirla a hechos concretos de la investigación y no realizarla de manera general.

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