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"Democratizar el poder judicial es una asignatura pendiente"

Política

Columna de Guillermo Nicora, miembro de la Junta Directiva Nacional del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

Democratizar el poder judicial es una asignatura pendiente
El Poder Judicial de Argentina, al igual que el de la mayoría de los países de Sudamérica, es uno de los pocos rincones del Estado en los que nunca logró entrar del todo la República. Desde Monteagudo al Constituyente del ‘53, pasando por Bolívar (cuyo Manifiesto de Cartagena cumplirá 200 años el próximo sábado), advertían sobre el peligro que significaba para los estados americanos la pervivencia de un sistema judicial y legal diseñado al servicio de la monarquía absoluta. El mandato aun incumplido del art. 24 de nuestra Constitución Federal (“El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados”) es un elocuente testimonio de esa amenaza y esa deuda.

Un sistema constitucional y político organizado al influjo de la revolución norteamericana, vino a insertarse sobre un sistema jurídico de origen continental europeo, pensado para garantizar el gobierno de las colonias desde los tronos de ultramar. Nada bueno podía salir de esa fusión, y aún pagamos las consecuencias de esa derrota del pueblo a manos de los intereses corporativos fomentados por los sectores del privilegio y el poder económico concentrado. Aunque hoy en día haya (y los hay) muchos jueces y fiscales de profundas convicciones democráticas, el sistema en el que participan no lo es, y la transformación de la Justicia es cada día más urgente.

¿Qué significa, en estos tiempos, democratizar el poder judicial? Las cuestiones pueden multiplicarse hasta el infinito, pero es posible que algunas medidas sean las claves que disparen un proceso que no será nada sencillo:

• El juicio por jurados es, sin dudas, un paso imprescindible para que el pueblo, representado en esos doce hombres y mujeres, pueda recuperar el poder de decir dónde está la verdad (eso significa “veredicto”). Los abogados y jueces tendrán, obligadamente, que hacer juicios claros y transparentes, sin preciosismos académicos, y en los que quien quiera oír, oirá si existen o no razones para otorgar o negar razón a quien acude a los tribunales en procura de Justicia .

• La oralización plena de las decisiones judiciales, eliminando el medieval y oscurantista sistema de actas y expedientes, es un complemento ineludible del paso anterior, que garantiza celeridad, economía y transparencia.

• Una organización judicial moderna y flexible, en la que desaparezcan las “castas” de jueces y las pirámides de cuño monárquico y aristocrático. Una judicatura estratificada en “superiores” e “inferiores”, donde los de arriba someten a los de abajo, no es la mejor escuela para quienes deben dirimir conflictos en una sociedad democrática. Gobierno judicial democrático y eliminación de la “superintendencia” de los tribunales superiores son también pasos decisivos.

• Nuevos mecanismos de selección de magistrados que aporten transparencia y participación. Aún dentro del actual diseño constitucional, los Consejos de la Magistratura de la Nación y las provincias pueden reformarse para asignar representaciones auténticamente equilibradas de los distintos estamentos de la sociedad, y audiencias públicas de carácter obligatorio. Los diseños actuales nunca evitaron (antes bien, potenciaron) los repartos de “cuotas” entre los sectores políticos dominantes y los intereses corporativos organizados en “tribus” o “familias” judiciales.

• Una auténtica carrera judicial, en la que el nombramiento como juez no sea la línea de llegada sino el punto de partida. Programas de formación y actualización de carácter obligatorio, períodos de prueba antes de la estabilidad definitiva, ascensos basados en criterios de actualización, capacitación y evaluaciones de desempeño, y postergación o separación por incumplimientos reiterados de los reglamentos de la carrera son algunas de las herramientas para que se pueda premiar a los buenos jueces y castigar a los mediocres o malos.

• Un sistema de enjuiciamiento de magistrados bajo normas que garanticen transparencia, defensa en juicio y resolución en tiempo razonable y bajo la luz pública, evitando tanto los “blindajes” corporativos o partidistas de los jueces cuestionados, como los “linchamientos” de jueces por presiones indebidas o etiquetamientos mediáticos.

• Completa separación del Ministerio Público, para que la investigación fiscal (y la carrera de los fiscales, organizada sobre las mismas bases democráticas) esté completamente diferenciada de la función judicial, y sometida al escrutinio público desde la publicidad de los programas de política criminal, la rendición de cuentas y la instalación de observatorios parlamentarios y consejos locales que garanticen el compromiso de los fiscales con el interés general de la sociedad.

• Servicios públicos de defensa democráticos, modernos, completamente autónomos y con capacidad de investigación, que minimicen el riesgo de errores o abusos por parte de fiscales y jueces a la hora de acusar y juzgar.

• Eliminación total de los cargos vitalicios de conducción en los tribunales, fiscalías y servicios de defensa, que lejos de asegurar estabilidad en el cargo (que debe estar garantizada por las carreras antes descriptas) generan cúpulas anquilosadas, de escaso poder de innovación y generalmente permeables a los factores de poder que operan desde las sombras.

Sin dudas, la democratización del Poder Judicial es una asignatura pendiente de la República, que no admite ni soluciones facilistas ni la auto redención. Es una tarea del conjunto de la sociedad, y debe encararse con decisión, pero a la vez con debates abiertos y participativos. Las reformas normativas de los últimos tiempos (los “nuevos derechos”) han demostrado que cuando se abren los canales de participación a todos los sectores y todas las voces, es posible avanzar en forma rápida y certera hacia el achicamiento de las fronteras del privilegio.

Por Guillermo Nicora, miembro de la Junta Directiva Nacional del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

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