Patricia Bullrich entorpece la búsqueda de niños robados durante la dictadura cívico militar

Política

El Gobierno rechazó el acceso a información vital para seguir buscando a los hijos de desaparecidos nacidos en centros de detención clandestina durante la dictadura y entregados a familias de represores.

La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) denunció que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich les negó acceso a información clave en el marco de las investigaciones que realizan para dar con los niños que fueron apropiados durante la dictadura y todavía desconocen su verdadera identidad.

Bullrich le negó a la Conadi la posibilidad de acceder a legajos de efectivos de las fuerzas de seguridad federales para investigar el destino de los niños y las niñas robados durante el terrorismo de Estado.

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Bullrich y su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, rechazaron durante el domingo el pedido de acceso a documentación que habían hecho desde la CoNaDI, el organismo que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y se creó en 1992 –en el gobierno de Carlos Menem– a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo.

Según consignó este lunes Página/12, en la contestación –que el Ministerio de Seguridad distribuyó a primera hora de la mañana– se le desconoce a la CoNaDI la capacidad de investigar y dice que esto solo puede hacerlo el Ministerio Público Fiscal o el Poder Judicial. También habla de una “demanda de información indiscriminada”, de “infundadas solicitudes” y la describe como un “organismo militante”. Añade que con estas pesquisas se vulnera el derecho a la intimidad de los efectivos de las fuerzas.

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Manfroni es el nexo entre el mundo Bullrich y el mundo Victoria Villarruel. Excolumnista de la revista ultraderechista Cabildo, Manfroni escribió un libro con la vicepresidenta que justifica la violencia estatal durante los años ‘70.

Durante la campaña, Manfroni había publicado en La Nación que estaban buscando una solución para los mayores de 70 años presos por secuestrar, torturar, violar, matar y desaparecer.

No es la primera vez que Bullrich atenta contra la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes de la dictadura. Durante su primera gestión al frente de la cartera de Seguridad, la ministra había desarmado el Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), que se había conformado durante el gobierno de Cristina Kirchner para llevar a cabo de manera efectiva los allanamientos para extraer ADN a personas que se sospechaba que podían ser hijas o hijos de desaparecidos. Además, Bullrich desarmó los equipos de relevamiento documental que aportaban información a las causas.

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En su segunda vuelta como titular del Ministerio de Seguridad, Bullrich dejó caer las recompensas que se abonaban a quienes aporten datos para encontrar a los represores prófugos. La nueva decisión apunta a debilitar a los organismos que contribuyen con las Abuelas de Plaza de Mayo a encontrar a los nietos.

Bullrich venía quedando atrás en la carrera negacionista con su delfín, Luis Petri. El ministro de Defensa fue el primer en negarle información a la CoNaDI a través del subsecretario Guillermo Madero, un hombre que reportaba en las filas de Bullrich y pegó el salto hacia las de Villarruel.

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Petri, además, desmanteló los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental, que habían sido creados en 2010 para responder a los requerimientos de los juicios por delitos contra la humanidad. En la última semana, el ministro le dio su visto bueno a los actos reivindicatorios de la dictadura que se llevaron a cabo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Su número dos, Claudio Pasqualini, dijo que había que dejar atrás el pasado mientras hablaba de “guerra sucia”, organizaciones “subversivas” y de fallas “humanitarias” por los represores que están en la cárcel.

La situación de la CoNaDI fue planteada como una preocupación por Abuelas de Plaza de Mayo en una audiencia ante el Senado, ya que integra el universo de organismos estatales que podrían ser eliminados por decisión de Javier Milei si se aprueba, tal como está, la ley Bases. Lo mismo sucede con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), conformado durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

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