Piden considerar delito de lesa humanidad crimen de la guerrilla

Política


  • Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino Larrabure, secuestrado y muerto por el ERP en 1975, presentó hoy un escrito en la Fiscalía Federal de Rosario.
  • Pide que se considere el asesinato como un crimen de lesa humanidad.

Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo y asesinado poco más de un año después, presentó hoy un escrito en la Fiscalía General de Rosario donde se argumenta la responsabilidad del Estado en el crimen de su padre y se pide que sea considerado un delito de lesa humanidad.

El coronel Larrabure, de 42 años, fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 11 de agosto de 1974 durante el asalto a la fábrica militar de Villa María, Córdoba. El ERP lo encerró en lo que denominaba "cárcel del pueblo" -construida en el sótano de una casa de Rosario- durante poco más de un año, exactamente 372 días.

Su cadáver apareció el 23 de agosto de 1975, con signos evidentes de estrangulamiento y golpes, según su hijo Arturo Larrabure.

La causa estaba archivada desde 1975, cuando se ordenó la captura de Aurora Brunet de González. El hijo del militar en febrero último se presentó en el juzgado federal número cuatro, a cargo del juez subrogante Germán Sutter Schneider, que lleva todas las causas por violaciones a los Derechos Humanos en el II Cuerpo de Ejército en la dictadura.

Alberto Larrabure reclamó al magistrado que declare el hecho "crimen de lesa humanidad", la reapertura de la causa y el juzgamiento de los responsables de la muerte de su padre, con la asistencia del letrado Javier Vigo Leguizamón, de la ciudad de Santa Fe.

"Pido a Vuestra Señoría que por un momento se sitúe en mi piel, padeciendo conmigo. Que piense que ese hombre torturado, flagelado, ahorcado vilmente, que ve en las fotos, es su padre. Pregúntese qué sentiría si al tener finalmente la causa en sus manos, hubiera comprobado que tan sólo tenía un cuerpo, sin interrogatorios, sin procesamientos, sin condenas", planteó.

Entonces el juez le dio vista al fiscal Francisco Sosa, quien se negó la reapertura de la causa alegando que la acción penal se encontraba prescripta, por tratarse de un delito común insusceptible de ser encuadrado en el concepto de crimen de lesa humanidad porque no intervinieron agentes estatales, en coincidencia con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia.

Larrabure replicó que el fiscal negó el derecho a ser oído mediante un recurso efectivo ante la Justicia y, además, alzarse contra la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contra la opinión del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo.

El ex fiscal adjunto del juicio a las Juntas Militares declaró tiempo atrás al periodismo que "tanto los crímenes cometidos por la guerrilla como los perpetrados por la dictadura militar y la Triple A deben ser considerados delitos de lesa humanidad".

En medio del disenso entre la fiscalía y el querellante, el juez Sutter Schneider elevó la causa al fiscal de Cámara Palacín.

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