Piden que el líder de Quebracho y otros activistas vayan a juicio

Según reconstruyó el fiscal en su dictamen, ese día "aproximadamente a las 15:00, los imputados se concentraron en las inmediaciones de la Plaza de la República, cerca del Obelisco", y allí se distribuyeron "palos, botellas, bombas de fabricación casera, piedras y otros elementos de características similares".

Luego se dirigieron al inmueble ubicado en la calle Moreno 1202, donde funcionaba un local del partido político "Movimiento de las Provincias Unidas", liderado por el gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sobisch y destrozaron el lugar.

El fiscal Delgado enumeró que en el lugar los militantes de Quebracho "arrojaron piedras, arrancaron las rejas y persianas que protegían el sitio, utilizando palos ingresaron al inmueble y lo incendiaron con bombas de fabricación casera y otros combustibles".

Como resultado de esa protesta se produjo la rotura de "siete cristales, a dos puertas le arrancaron los picaportes y cerraduras, dañaron el aluminio del techo, tres puertas fueron quemadas, se deterioró la instalación eléctrica y la informática, rompieron las cortinas metálicas, dañaron en general la mampostería, la pintura, las alfombras y los muebles de la oficina".

El fiscal consideró que el hecho de que los miembros de la agrupación hayan llegado armados con palos y bombas molotov al lugar demuestra que "hubo un plan previo y, en consecuencia, que se aprovechó un contexto crítico (la muerte de Carlos Fuentealba), para instrumentalizar uno de los derechos que más robustece a la organización democrática: el de peticionar".

Al respecto, Delgado desechó los argumentos esgrimidos por la defensa de los imputados, que cuestionó que el Estado a través del Poder Judicial pretende "criminalizar la protesta social". "Es necesario distinguir la comisión de un delito en el marco de esta protesta que, obviamente, debe ser juzgado por el Poder Judicial (y así lo demuestra este legajo), con el ejercicio del derecho a realizar la protesta que, en principio, escapa a la órbita del poder jurisdiccional del Estado en tanto ejercicio de
un derecho constitutivo del cuerpo político", aclaró el fiscal.

No obstante, Delgado señaló que en esta causa puntual los hechos investigados "no tienen nada que ver con el ejercicio del derecho a protestar, sino que se trata de delitos comunes". "Nadie va a protestar llevando palos, piedras, gomeras, bates de acero, bombas caseras, encendiendo con fuego neumáticos y causando destrozos como si estuviese investido de una varita mágica que le permita juzgar y sancionar por mano propia. Esas prácticas concretas no tienen nada que ver con la protesta
social", insistió el funcionario.

En el caso del rol que le cupo a Esteche durante los incidentes, el fiscal consideró que "dominó en general la comisión de los hechos, porque organizó a los manifestantes y los arengó, aunque intentó eludir el punto más critico en la producción de los acontecimientos", puesto que quiso huir del lugar.

Además del líder de la agrupación, el pedido de elevación a juicio por los delitos de "daño, incendio y resistencia a la autoridad" abarcó también a Raúl Lescano, Osvaldo Lizzano, Nicolás Arias, Rosalino Gutiérrez, Joaquín Iasi, Juan Manuel Cornejo, Francisco Da Silva, Paulo Cerezuela, Carlos Luna, Jairo Dario Salto y los hermanos Facundo, Tomás y Matias Lafit.