Provincia irá a la Defensoría del Pueblo para avanzar en la licitación para la concesión de rutas nacionales

Política

El gobierno bonaerense denunciará irregularidades en la administración y concesión de 1.800 km de rutas nacionales que conectan la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, hizo este lunes una presentación ante el Ministerio de Economía de la Nación para solicitar la designación de veedores, del Defensor del Pueblo de la Nación y del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de garantizar la legalidad, objetividad, transparencia, imparcialidad y razonabilidad del procedimiento administrativo en curso.

La presentación es una nueva jugada del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A (AUBASA), que denuncia irregularidades en el proceso de la licitación pública, nacional e internacional, de la Red Federal de Concesiones - Etapa II, que contempla la administración y concesión de 1.800 km de rutas nacionales en el territorio bonaerense.

“Por indicación de Axel Kicillof, AUBASA se presentó oportunamente en la licitación pública para la concesión de los tramos Sur - Atlántico - Acceso Sur que incluye la RN 3, 205, 226 y autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas de la Provincia de Buenos Aires”, explicó Gabriel Katopodis al hablar del documento.

"Ante la preocupación sobre la transparencia del proceso, hoy solicitamos al Ministerio de Economía de la Nación —bajo cuya órbita se lleva adelante esta licitación— la intervención de las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Provincia para que hagan de veedores y garanticen la transparencia", señaló.

Katopodis aseguró que el gobierno de la provincia de Buenos Aires viene "observando modificaciones y decisiones que marcan una arbitrariedad manifiesta en la asignación de concesionarios".

"Una semana antes, modificaron 33 de 34 artículos y cambiaron una contratación cuando ya estaba iniciada", dio como ejemplo.

PLANTEA INTERVENCION DEFENSORIA

El llamado a licitación se lanzó el 12 de noviembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026 se cumplió el plazo para la recepción de consultas. El 27 de ese mismo mes se llevó a cabo el 1° acto de apertura de las ofertas presentadas.

AUBASA se presentó como oferente para la gestión de los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur (renglón 1 de la licitación), que incluyen 1.325 km de las RN 3, RN 205, RN 226 y las AU Ezeiza-Cañuelas y la AU Riccheri.

Pero una vez en marcha del proceso el Gobierno Nacional emitió cuatro circulares con modificaciones y nuevas exigencias que no figuraban en el pliego original.

Por ejemplo, el Gobierno nacional introdujo a través de la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 2 publicada el 06/02/2026 (7 días antes de la fecha para recibir consultas), una serie de cambios sustanciales en los requisitos de admisibilidad como ser nuevas exigencias técnicas y económico-financieras, de documentación contable, de certificaciones y de perfiles profesionales.

Entre la publicación de esta Circular y la fecha de presentación de ofertas (que data del 27/2/2026) transcurrieron sólo 12 días hábiles administrativos en el que las empresas interesadas debieron adecuarse a requisitos que hasta ese momento no existían en la licitación.

Además, no se estableció una prórroga razonable para brindar las respuestas a las nuevas exigencias y esto pudo haber afectado a la igualdad de condiciones entre oferentes y la previsibilidad del procedimiento.

AUBASA cumplió con todos los requisitos de los pliegos sin omisiones, sin documentación faltante y sin perfiles inadecuados, sostuvieron las partes denunciantes, pero la Comisión Evaluadora le requirió a la empresa algunas aclaraciones respecto de aspectos que no eran exigidos en el pliego.

Una de ellas, tuvo que ver con la validación de su experiencia en la gestión de obras, ya que se alega que los trabajos presentados fueron realizados por terceros.

AUBASA es la empresa mejor posicionada, cumplió todos los requisitos y tiene la capacidad de gestión para hacer las obras que eviten el deterioro de estos corredores y sostengan el desarrollo productivo de la provincia”, agregó Katopodis.

“Nuestro único objetivo es mantener las rutas en las mejores condiciones, con una tarifa adecuada y competitiva. Vamos a hacer un seguimiento estricto para garantizar a los usuarios y usuarias la correcta administración y adjudicación de este proceso”, concluyó.

AUBASA entregó voluntariamente un estado contable intermedio que no era de presentación obligatoria para la empresa, dado que su cierre de ejercicio no superaba los seis meses anteriores a la apertura de ofertas de la licitación.

En este contexto, una eventual desestimación de la propuesta de la empresa sería arbitraria y sin fundamento.

La Provincia sostiene que, si continúan las irregularidades en la elección final, dejando afuera a AUBASA, impactaría en la transparencia y previsibilidad del proceso institucional y afectaría por sobre todo a las personas usuarias, los sectores productivos y de los municipios que necesitan corredores transitables, seguros y con mantenimiento eficiente.

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