Qué dice el Decreto 868/26 de Javier Milei sobre las Islas Malvinas anunciado por cadena nacional
El Gobierno nacional oficializó medidas para penalizar las operaciones petroleras ilegales en los territorios marítimos de las Islas Malvinas.
Qué dice el Decreto 868/26 de Javier Milei sobre las Islas Malvinas anunciado por cadena nacional
El Poder Ejecutivo nacional oficializó nuevas medidas vinculadas con la prohibición de actividades hidrocarburíferas ilegales en la Plataforma Continental Argentina y los espacios marítimos circundantes a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Así lo había anunciado Javier Milei en cadena nacional.
A través del Decreto 868/2026, firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros, el Gobierno dispuso un conjunto de modificaciones normativas orientadas a fortalecer los controles y las sanciones sobre aquellas personas humanas o jurídicas que operen de manera irregular en los territorios marítimos australes en disputa de soberanía.
Designación de la Autoridad de Aplicación y plazos sumarios
La normativa establece la centralización de las competencias en materia de control de hidrocarburos en el ámbito diplomático:
- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: fue formalmente designado como la nueva Autoridad de Aplicación de la Ley N° 26.659 y su modificatoria, con el propósito de alinear las acciones administrativas con la estrategia exterior del país.
- Coordinación institucional: se instruyó a todos los organismos de la Administración Pública Nacional para que informen en un plazo de cinco días hábiles cualquier hecho que configure conductas prohibidas en la Plataforma Continental.
- Procedimiento sumario más ágil: se fijó un plazo de diez días hábiles administrativos para que los presuntos infractores constituyan domicilio, presenten su descargo y ofrezcan pruebas tras recibir la notificación formal.
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Requisitos para el RIGI y nuevas habilitaciones petroleras
El decreto también introduce modificaciones de índole económica y contractual para evitar que empresas que operan ilegalmente en la zona austral accedan a beneficios estatales:
- Declaración jurada en el RIGI: se incorporó como requisito obligatorio dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) la presentación de una declaración jurada del representante legal del Vehículo de Proyecto Único (VPU), garantizando el cumplimiento actual y futuro de la Ley N° 26.659.
- Intervención obligatoria: antes de aprobar una solicitud de adhesión al RIGI, la normativa exige que intervenga la Autoridad de Aplicación de la ley antedicha para certificar que ni la empresa ni sus participantes registran actividades prohibidas.
- Permisos y concesiones hidrocarburíferas: se modificó la reglamentación vinculada a la Ley N° 17.319 para exigir que cualquier interesado en obtener permisos, concesiones o autorizaciones petroleras presente una declaración jurada análoga sobre el estricto cumplimiento de las restricciones en los espacios marítimos nacionales.
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