Reforma laboral: estos son los cambios que comenzarán a verse en los recibos de sueldo
El Gobierno reglamentó varios capítulos clave de la reforma laboral, entre ellos el que crea el FAL para que empresas paguen despidos con fondos de la Anses.
El gobierno de Javier Milei reglamentó este lunes distintos capítulos de la reforma laboral entre ellos el que establece un nuevo esquema para los recibos de sueldo que apunta a digitalizar procesos y mostrar de manera más clara el costo total que asumen las empresas por cada trabajador. Así quedó plasmado en el Decreto 407/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial que, junto con los Decretos 408/2026 y 409/2026 también publicados hoy ponen en marcha varios aspectos de la reforma laboral como la posibilidad, entre otros, de que las empresas paguen con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) el despido de sus trabajadores. El objetivo general de estas medidas es avanzar en la simplificación administrativa, la digitalización de procedimientos laborales y la modernización de distintos aspectos de las relaciones de trabajo.
Uno de los puntos centrales de la reglamentación es la implementación de nuevos criterios para la emisión de recibos de haberes, con una mayor utilización de herramientas digitales para registrar y documentar la relación laboral.
Según se desprende del decreto, el nuevo formato buscará brindar una visión más completa sobre los costos asociados al empleo. En ese sentido, los recibos deberán reflejar de manera diferenciada el costo laboral total asumido por la empresa, los conceptos vinculados a la relación laboral y el monto neto efectivamente percibido por el trabajador.
La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la trazabilidad de la información laboral y reducir cargas administrativas vinculadas a la gestión documental de las empresas.
La reglamentación también introduce cambios en el tratamiento del ausentismo por razones de salud. A partir de este esquema, las prescripciones médicas que indiquen reposo deberán emitirse a través de plataformas registradas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDIS).
Además, esos certificados deberán estar firmados por profesionales acreditados ante la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS).
En los casos donde existan diferencias entre el diagnóstico presentado por el trabajador y el control efectuado por la empresa, las partes podrán recurrir a juntas médicas oficiales o instituciones públicas y privadas de reconocida trayectoria para resolver el conflicto.
Otro de los aspectos reglamentados se refiere a los acuerdos de desvinculación celebrados entre empleadores y trabajadores. El decreto precisa el alcance de las homologaciones realizadas ante la autoridad administrativa y refuerza los controles destinados a verificar la legalidad de esos convenios.
A su vez, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deberá implementar un sistema informático para informar el inicio y la finalización de trámites jubilatorios. La medida busca que los empleadores puedan actuar oportunamente respecto de la continuidad del vínculo laboral y de las coberturas de salud correspondientes.
La normativa también establece que los servicios independientes de reparto y movilidad de personas quedan expresamente excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo. En ese marco, la Secretaría de Transporte será la autoridad de aplicación del régimen, mientras que la Secretaría de Trabajo tendrá intervención en eventuales negociaciones colectivas del sector.
Por otra parte, se introducen modificaciones en el funcionamiento de las asociaciones sindicales. Entre ellas, se exige una proporcionalidad estricta entre dirigentes sindicales y afiliados cotizantes, habilitando mecanismos de auditoría cruzada con las bases del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Además, se fija un umbral del 5% de superposición para resolver disputas vinculadas a la personería gremial y se establecen límites para la utilización del crédito horario sindical, con el objetivo de evitar afectaciones en la actividad de establecimientos industriales y comerciales.
Con estas disposiciones, el Gobierno avanzó en la reglamentación de una parte significativa de la Ley de Modernización Laboral, incorporando cambios que impactarán en la documentación laboral, los controles médicos, los trámites previsionales y la organización sindical.
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