Después 520 días de la sanción en el Congreso Nacional de la Ley N°27.499, se debate este jueves su adhesión en la legislatura tucumana. La misma instruye a los tres poderes del Estado a capacitarse en materia de género y en violencia contra la mujer. Tucumán es la única provincia de todo el país que no aplica la norma.
Pese a la cuarentena obligatoria, varias agrupaciones feministas y otras antiderecho, detractores de la ley, se manifiestan desde temprano en la puerta de la legislatura, ubicada en Muñecas 950 en la capital provincial, para respaldar sus posturas.
El presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, destacó que el Orden del Día constará de 17 puntos. El debate por la “Ley Micaela” figura en segundo término. “Esperemos que se escuchen todas las voces, pero no hay dudas que son los votos los que definen”, expresó al diario La Gaceta.
El debate considerará dos dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría. El primero, consensuado por todo el peronismo y que ingresó con 35 firmas, propone la adhesión con la novedad de que los encargados de la aplicación y control de la ley serán los titulares de cada poder del Estado y no el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Éste, recibió el respaldo de Néstor García, padre de Micaela a pesar de la modificación.Se estima que parte de la oposición apoyaría en el Recinto esta iniciativa.
En tanto, el dictamen de minoría es una propuesta de la legisladora de Fuerza Republicana Nadima Pecci que promueve la capacitación, sin perspectiva de género, contra la violencia hacia la mujer, familiar y por los derechos de los niños. La iniciativa incluye la posibilidad de negarse si el agente público viera afectadas sus convicciones personales o religiosas.
Los legisladores Raúl Albarracín y Walter Berarducci también habían impulsado un proyecto alternativo sin perspectiva de género. La iniciativa había contado en un principio con el respaldo de los oficialistas Regino Amado, Sandra Mendoza y Daniel Deiana, quienes posteriormente retiraron sus firmas y se sumaron a la propuesta peronista.
Ricardo Bussi, legislador e hijo del genocida Antonio Domingo Bussi es uno de los opositores a la aplicación de la ley en Tucuman. El representante fue denunciado por el Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana "MuMaLa", por los dichos sobre su postura sobre la adhesión a la Ley. Bussi dijo: "No conozco casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer. El hombre y la mujer no son iguales". Según la presidenta de la organización, Milsa Barros, “este hecho constituye un acto de discriminación hacia las mujeres que están en situación de violencia, re victimiza a las mismas, ofende a los/as familiares de víctimas de femicidos, y al colectivo femenino en general, puesto que intencionalmente desconoce lo que se ha avanzado en materia de derechos en el mundo y en Argentina particularmente”.
Por su parte, el gobernador, Juan Manzur, y funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y nacional se expresaron en favor de una adhesión a la ley.