Caso Loan Peña: realizarán una inspección ocular en 9 de Julio antes del inicio del juicio oral en junio
Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal de Corrientes a pedido de la querella, a semanas del juicio por la desaparición del niño, ocurrida el 13 de junio de 2024.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes realizará mañana, a pedido del Ministerio Público Fiscal y la querella, una inspección ocular integral en distintos puntos de interés de la localidad correntina de 9 de Julio, en el marco de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña y de las medidas de la instrucción suplementaria previas al juicio oral, que se iniciará el próximo 16 de junio.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la medida tiene por objeto reconstruir espacial y temporalmente los distintos escenarios relevantes de la investigación, así como verificar distancias, visuales, tiempos de desplazamiento y demás circunstancias de interés probatorio surgidas de las actuaciones judiciales y de las pruebas incorporadas durante la instrucción.
La inspección comprenderá diversos lugares vinculados con los hechos investigados, entre ellos la vivienda de la abuela del niño —donde se desarrolló el almuerzo familiar previo a la desaparición—, el denominado “naranjal”, sitio en el que Loan fue visto por última vez, la zona donde fue hallado uno de sus botines y el Hotel Despertar del Iberá, inmueble que también reviste interés para la pesquisa.
Por el Ministerio Público Fiscal participarán la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Pourcel y el fiscal Juan Martín Mariño Fages, junto a los fiscales auxiliares Gabriel Romero Olivello, Nancy Vargas García y María Soledad Branchi, quienes intervendrán en el debate oral, en el que el equipo fiscal estará encabezado por el fiscal general con funciones de coordinación del Distrito Corrientes, Carlos Schaefer. De la medida también participarán las demás partes y organismos intervinientes.
De acuerdo con las constancias de la causa, Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de Nueve de Julio, luego de participar de un almuerzo familiar y dirigirse posteriormente hacia una zona de monte y plantaciones de naranjas junto a otros menores y adultos presentes en el lugar.
La investigación analiza distintas hipótesis vinculadas a la posible captación y sustracción del niño.
Desde el inicio del expediente se realizaron múltiples medidas de prueba, peritajes, rastrillajes, análisis de dispositivos electrónicos y reconstrucciones parciales, aunque el menor continúa desaparecido.
El juicio oral y los imputados
En abril pasado, el TOF de Corrientes fijó para el 16 de junio, a las 9, el inicio del debate oral y público en la causa, en la que serán juzgados 17 imputados por la presunta sustracción del niño y por supuestas maniobras destinadas a desviar la investigación.
Las audiencias se desarrollarán bajo un esquema de alternancia: una semana los días martes, miércoles y jueves, y la siguiente los días miércoles y jueves, de manera sucesiva hasta la finalización del juicio. Un primer grupo con los principales siete implicados está acusado de la sustracción y ocultamiento del niño.
En calidad de coautores, están imputados Bernardino Antonio Benítez, su pareja Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su marina el exmarino Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, y como partícipe necesario, el comisario Walter Adrián Maciel. Según la acusación, habrían intervenido de manera coordinada en la desaparición del menor, en un hecho encuadrado en el artículo 146 del Código Penal, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión.
El segundo grupo de imputados/as está conformado por Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio. Las diez personas están acusadas de presuntas maniobras destinadas a desviar la investigación.
En ese marco, se les atribuyen distintos delitos, entre ellos privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, defraudación a la administración pública, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales.
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