Condenaron a la Argentina por la muerte de una nena en el Paseo de la Infanta
Marcela Iglesias tenía 6 años cuando fue víctima de un fatal accidente en Palermo en 1996. La causa prescribió en el país y por eso la familia apeló al tribunal internacional.
Marcela Brenda Iglesias Ribaudo, la nena de seis años que murió aplastada el 5 de febrero de 1996 por una escultura metálica.
El 5 de febrero del año 1996 una escultura de hierro se derrumbó sobre Marcela Iglesias y acabó con su vida. Por entonces, la nena tenía seis años y se encontraba de excursión junto a la colonia de vacaciones del Banco Hipotecario. Tres décadas después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló contra el Estado argentino.
De acuerdo con el fallo dictaminado el 26 de noviembre, el tribunal declaró a la República Argentina responsable por "haber incumplido su deber de regular, supervisar y fiscalizar adecuadamente la instalación de una escultura de hierro" que terminó con la vida de la pequeña.
A partir de la resolución de la CIDH, el Estado deberá "pagar a los padres la suma establecida en la sentencia por concepto de gastos por tratamiento médico y psicológico" y tendrá que crear un espacio de la memoria y recreativo para la niñez y la adolescencia que, en el caso de que así lo quieran, "deberá realizarse en el plazo de dos años".
La decisión, notificada a las partes el 9 de marzo, determinó que el Estado nacional incumplió los deberes de regulación, supervisión y fiscalización respecto de la escultura denominada Elementos, ordenando indemnizaciones, memorial y un acto público de reconocimiento al establecer la responsabilidad internacional estatal por incumplir su deber de garantizar la seguridad de las instalaciones públicas y la correcta tramitación judicial del caso.
Especialistas de la Superintendencia Federal de Bomberos establecieron que los vientos de hasta 24 kilómetros por hora favorecieron la caída de la obra. La tragedia se habría evitado si la estructura hubiera estado correctamente soldada a su base. Otras dos niñas que jugaban junto a Marcela resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro médico.
Prescripción de la causa y fundamentos de la Corte IDH
El tribunal internacional señaló la responsabilidad de Argentina, tanto por la falta de prevención como por la ineficacia en la investigación y eventual sanción.
Argentina tiene la obligación de acatar los fallos emitidos por el tribunal supranacional en materia de derechos humanos. La jerarquía constitucional otorgada al tratado internacional en la reforma de 1994 refuerza el carácter vinculante de sus disposiciones y exige el cumplimiento de las reparaciones y medidas dictadas por la CIDH. La aceptación de jurisdicción se formalizó mediante la adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos a través del pacto de San José de Costa Rica.
Además, el Gobierno de la Ciudad deberá hacer una “compilación de la normativa aplicable en la materia objeto del caso" y ponerla a disposición del público en forma permanente" en su sitio web.
“Estamos satisfechos de que pudimos cumplir con Marcela y la sentencia”, expresó Nora Ribaudo, madre de la víctima, a la agencia Noticias Argentinas.
En un principio, la causa apuntó contra Danilo Dazinger, el escultor de la obra que ocasionó el accidente. También contra Lowenstein y Diana Lía de Lowenstein, dueños de la Galería Der Brücke; Nelly Perazzo, coordinadora del concurso durante el cual se construyó la escultura; y tres ex funcionarios por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
Entre las razones por las que se podía esperar un fallo favorable a los padres de Marcelita se cuentan que la estructura y la instalación de la obra tenían múltiples irregularidades, sumado a la falta de seguridad. La escultura de hierro que aplastó a la niña (que murió en el acto) pesaba más de 200 kilos.
El caso de Marcela provocó, por entonces, una movilización social y, a los diez años de la tragedia, cerca de 100 personas se reunieron en el Paseo de la Infanta para homenajearla y pedir justicia. Participaron autoridades del Consejo de Familiares del Programa Nacional de Anti-impunidad y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) Madres del Dolor, Asociación Miguel Bru, Amigos del Lago de Palermo, Por la Fuerza de Ezequiel y Padres de Keivis, quienes apoyaron a Nora Ester Ribaudo y Eduardo Rubén Iglesias, padres de la menor.
Los familiares manifestaron su agradecimiento y leyeron una carta a la Justicia, solicitando la reapertura de la causa. Durante el acto se colocó una placa de bronce y una ofrenda floral en el sitio donde ocurrió el hecho.
El 1 de febrero de 2006, la familia había presentado un recurso especial ante la Corte Suprema de Justicia para la revisión y levantamiento de la prescripción.
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