El Gobierno despidió del INTA a una científica que investigó y advirtió sobre los efectos de los agroquímicos

El INTA fundamentó el despido en supuestas irregularidades administrativas vinculadas al uso de fondos, la presunta inobservancia de la vía jerárquica, modificaciones en el protocolo bioético, la centralización de análisis biológicos en laboratorios extranjeros y la participación de un colaborador sin designación formal para inspeccionar datos confidenciales.

En su descargo Aparicio rechazó de plano la legitimidad de las imputaciones y advirtió sobre el verdadero trasfondo político de la medida. En ese sentido señaló que "no hay nada en claro que justifique el hecho de apartarme de la administración pública. Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren; quieren que se dejen de investigar los temas verdaderamente importantes, los temas sensibles”, denunció hace un mes en dipalogo con Página/12.

Paradójicamente, el INTA que ahora determinó su desvinculación definitiva había celebrado con entusiasmo en el año 2020 el acuerdo contractual. En aquel momento, tras un período de severo desfinanciamiento presupuestario para la ciencia argentina, la incorporación al consorcio internacional SPRINT —financiado con catorce millones de euros por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea— representó un motivo de orgullo institucional.

La llegada de esa partida considerable de recursos internacionales permitió al equipo liderado por Aparicio adquirir insumos críticos para analizar la presencia de más de doscientos plaguicidas en los sistemas productivos locales, situando a la investigación pública nacional en la vanguardia de los estudios sobre salud ambiental y humana a nivel global.

Las tensiones internas y el malestar de las autoridades se profundizaron a medida que los avances del proyecto comenzaron a arrojar datos cuantitativos contundentes sobre la denominada “ruta del plaguicida”.

El equipo investigador logró documentar técnicamente la presencia de complejas mezclas de agroquímicos en muestras de suelo, cursos de agua, materia fecal, orina y sangre, confirmando además que los productores convencionales presentan concentraciones significativamente mayores de estos compuestos en comparación con quienes implementan modelos agroecológicos.

Virginia Aparicio

A pesar de que los fondos de la subvención ingresaron formalmente a las cuentas del INTA, siguieron los cauces reglamentarios estipulados por la administración pública y contaron con auditorías favorables tanto en la Argentina como en Europa, la escalada de presiones derivó en la prohibición de realizar reuniones explicativas con productores en 2023, la posterior decisión de retirar al país del proyecto en 2024 y el armado de un sumario administrativo direccionado a la máxima sanción expulsiva.

Frente a lo que la comunidad científica califica como un grave atropello y un peligroso precedente, diversas organizaciones, académicos e instituciones de todo el país impulsaron una masiva carta de rechazo en “defensa de la ciencia pública y de la libertad de investigar”.

El texto respaldó la intachable trayectoria científica de Aparicio, cuya rigurosidad académica se encuentra acreditada internacionalmente por la base bibliográfica Scopus con noventa y un artículos publicados, 270 coautorías y más de 3100 citas en la literatura especializada.

Quienes defienden a la investigadora remarcan que los cuestionamientos burocráticos sobre la gestión del proyecto SPRINT constituyen un mero pretexto formal para acallar evidencias incómodas sobre el impacto del modelo productivo en los ecosistemas y la población, ratificando el compromiso innegociable con el derecho del pueblo a contar con una ciencia transparente, soberana y libre de presiones corporativas.