Hizo un reclamo virtual y ciberdelincuentes le vaciaron la cuenta: ¿qué determino la Justicia?

La indemnización contempla $3 millones por daño moral y $2 millones por daño punitivo. El primer monto se fundamentó en la pérdida de los ahorros y los más de tres años de reclamos para recuperar el dinero, mientras que el segundo respondió al incumplimiento de las obligaciones de seguridad y a la respuesta posterior de la entidad bancaria.

Cómo fue la estafa

El hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2022, cuando la víctima intentó resolver un problema de facturación con una empresa telefónica y fue derivada desde WhatsApp a un supuesto canal de atención en Twitter. Allí, los estafadores le indicaron que debía activar el débito automático mediante el token de seguridad de su cuenta bancaria.

Convencida de que realizaba un trámite legítimo, la mujer proporcionó sus credenciales de home banking y los códigos de seguridad en dos oportunidades. Con esos datos, los delincuentes vendieron los dólares que tenía ahorrados y transfirieron el dinero a cuentas de terceros por $278.500.

La damnificada advirtió las operaciones, que comenzaron a las 10.07, y llamó al banco a las 10.15, mientras todavía se registraban movimientos. Sin embargo, debió recurrir a la Justicia para reclamar la restitución de los fondos.

Durante el proceso se determinó que las transacciones se realizaron en menos de 15 minutos desde una dirección IP localizada en Córdoba y hacia cuentas de personas de esa provincia que no registraban operaciones previas con la clienta. La pericia informática también detectó movimientos sucesivos sin alertas preventivas eficaces ni bloqueos.

Por qué la Justicia responsabilizó al banco

Los camaristas consideraron que la entrega de claves bajo engaño no eximía automáticamente al Banco Provincia de su responsabilidad, ya que la entidad debía contar con herramientas capaces de detectar operaciones inusuales y prevenir el fraude.

En ese sentido, también valoraron que la mujer denunció rápidamente lo ocurrido y que el banco rechazó su reclamo sin ofrecer explicaciones suficientes. Según el análisis judicial, una respuesta preventiva podría haber impedido o demorado las transferencias restantes.

La resolución confirmó la sentencia de primera instancia del 30 de abril de 2026 e impuso las costas de la apelación a la entidad bancaria. Entre los elementos considerados se señaló que el sistema no identificó eficazmente las operaciones sospechosas, no activó alertas preventivas ni bloqueó o demoró las transferencias, mientras que los controles de acceso tampoco permitían identificar adecuadamente a la persona que operaba ni vincularla con las cuentas de destino.