Ituzaingó: desafectaron a 14 policías por reclamar aumento de salarios
Los efectivos desafectados, e imputados por la Justicia, cumplían tareas en el Comando de Patrullas de la Policía Bonaerense y estaban reclamando una suba de salarios.
La Auditoria General de Asuntos Internos que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, sancionó a 14 efectivos de la Policía Bonaerense y les inició sumarios administrativos al tiempo que los desafecttó de sus funciones.
La medida disciplinaria se conoció en un parte este martes. Los oficiales también fueron imputados en la Fiscalía Descentralizada N°1 de Morón a cargo de Marcelo Tavolaro, que les imputó los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público e intimidación pública”.
“Los policías dejaron sus tareas de patrullaje para apostarse en una estación de servicio ubicada en Avenida Presidente Perón y Del Prado (con uniformes y móviles oficiales) para hacer sonar bocinas y sirenas a modo de protesta”, explicó uno de los voceros del ministerio de seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Los uniformados buscaban exigirle al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y al gobernador Axel Kicillof una recomposición salarial que permita aliviar el golpeado poder adquisitivo de sus ingresos.
El lunes, familiares de oficiales se habían manifestado frente a la sede de Puente 12 para exigir mejoras salariales. En ese sentido pidieron aumentos y explicaron que “el básico para un uniformado es cercano a los 600 mil pesos”.
Los manifestantes en Puente 12 aclararon que la protesta fue de carácter “pacífico” por “mejoras salariales”, pero tras las sanciones a los efectivos de Ituzaingó lanzaron una dura advertencia, a la vez que comenzaron a armar carpas para quedarse en el lugar.
“Están logrando que esto explote en toda la provincia y se paren todos los móviles”, alertaron, y recordaron el complejo antecedente cuando Kicillof todavía no había transcurrido su primer año de gestión: “Ya pasó en 2020”, amenazaron.
El gobierno de Kicillof busca cortar de raíz un foco de conflicto que podría contagiarse en los 135 municipios bonaerense, mientras que los agentes dejaron en claro las condiciones para levantar el reclamo: "la garantía es la firma de un decreto por parte del gobernador Kicillof".
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