La Iglesia advierte al Gobierno tras reunirse por Discapacidad: "De buenas intenciones está hecho el infierno"

Las conversaciones se desarrollaron en la sede del Ministerio de Salud, donde funcionarios del área escucharon los planteos de la delegación religiosa. Si bien el llamado oficial fue interpretado como una señal de apertura, desde la Iglesia marcaron que las respuestas institucionales no pueden quedarse únicamente en convocatorias o intenciones del momento.

Al término de la reunión, la coordinadora de la Mesa de Discapacidad e integrante de la CEA, María Baya Casal, valoró la instancia de diálogo, pero dejó clara la necesidad de obtener soluciones efectivas. En declaraciones a los medios, la dirigente remarcó: “Es un gesto, pero los gestos solos no alcanzan. Los gestos se traducen en realidades. Los gestos no alcanzan, como dice el dicho: ‘De buenas intenciones está hecho el camino al infierno’”.

El Foro de Discapacidad pide prorrogar la emergencia nacional hasta diciembre de 2027.

A su vez, Baya Casal indicó la importancia de que “se abra un espacio de diálogo entre la conferencia episcopal, el área de discapacidad, las organizaciones, y el Ministerio de Salud”. Y anticipó: “Quedamos en una próxima reunión”, marcó.

“Llevamos un escrito con nuestras inquietudes, se habló sobre el escrito, se plantearon posibles soluciones, se plantearon caminos de rectificar o ratificar algunos actos. Nosotros no estamos para dar soluciones políticas. Sí tenemos una mirada sobre la situación, que la emitimos en un documento que sacamos la semana pasada”, sostuvo.

Tensión entre la Iglesia y el Gobierno por incumplimientos en Discapacidad

La Conferencia Episcopal Argentina mantuvo un firme reclamo ante las autoridades nacionales por las falencias en la aplicación de la normativa actual que rige para el sector de la discapacidad. Según advirtieron desde la entidad eclesiástica, existen retrasos y obligaciones no saldadas que impactan directamente en la atención y cobertura de las personas con discapacidad.

Consultada al respecto, María Baya Casal, representante del área, confirmó que el propio Ejecutivo reconoció las falencias en la aplicación del marco normativo: “Hay incumplimientos de la ley vigente, que es la ley de emergencia, que son reales, que, obviamente, el gobierno los acepta porque es una ley que no se está cumpliendo en su totalidad. Así que sí, eso es aceptado”.

El detalle de la deuda y el pedido de ampliar la mesa de diálogo

Uno de los puntos centrales del reclamo radica en la actualización de los montos prestacionales pendientes de liquidación. Sobre este aspecto, la referente precisó la magnitud del compromiso financiero: “Lo que se debe comprometer a pagar el gobierno son lo que se llaman compensaciones, que son las actualizaciones del 2023, 2024 y 2026. Esa sería la deuda actual”.

De cara a las próximas instancias de discusión sobre la ley que se debate en el Congreso, desde la Iglesia manifestaron la intención de sumar a más actores del Poder Ejecutivo a las mesas de trabajo. “Fue un planteo que se hizo. Pero, bueno, esto es un camino que recién empieza y tenemos que sostenerlo entre todos”, comentó Baya Casal en relación con la necesidad de que asistan otros referentes del Gobierno a los futuros cónclaves.

El impacto de la llegada del papa León XIV

Por último, en la antesala de la llegada del pontífice al país prevista para noviembre, la referente eclesial remarcó el peso simbólico y político que tendrá la visita papal para la agenda social. “La visita del Papa es un gesto concreto de dónde debemos mirar y prestar atención adentro de la sociedad. Y yo creo que eso despabila bastante a la sociedad y tal vez a las autoridades también”, concluyó.