La medida clave que adoptó la Justicia de Brasil en el caso de la turista argentina denunciada por racismo

Sociedad

Con 29 años, la acusada enfrenta cargos por expresiones y actitudes discriminatorias dirigidas al personal de un restaurante, mientras que la fiscalía cuestionó la efectividad de las medidas actuales.

El caso de Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial. Las autoridades de Río de Janeiro avanzaron con un pedido de prisión preventiva, al considerar que las medidas vigentes no alcanzan para garantizar el curso del proceso por una denuncia de racismo ocurrida en un restaurante de la ciudad.

La joven, de 29 años, se encuentra en Brasil desde hace casi un mes y ya cumple una serie de restricciones, entre ellas el uso de una tobillera electrónica y el aislamiento en un departamento, tras haber sido acusada de realizar gestos y expresiones discriminatorias contra trabajadores del local gastronómico.

El episodio que dio origen a la causa se produjo durante una salida con dos amigas, cuando se generó una discusión con el personal por el importe de la cuenta. Según la reconstrucción oficial, en ese intercambio Páez habría dirigido insultos vinculados al color de piel de uno de los empleados.

En ese sentido, el Ministerio Público precisó los términos de la denuncia: “Según la denuncia penal, la imputada llamó ‘negro’ a un empleado con la intención de discriminarlo y menospreciarlo”.

La acusación incorpora además una segunda situación ocurrida con la cajera del restaurante. De acuerdo al comunicado difundido por la fiscalía, la joven continuó con los agravios incluso luego de ser advertida. “Aun después de ser advertida por la víctima, la acusada se dirigió a la cajera del bar y la llamó ‘mono’, además de hacer gestos que simulaban al animal”, señalaron.

Al solicitar la prisión preventiva, el fiscal interviniente sostuvo que las disposiciones actuales no lograron neutralizar los riesgos procesales. “Si bien se han impuesto medidas cautelares distintas de la prisión, incluida la vigilancia electrónica, dichas medidas no han demostrado ser suficientes para neutralizar el peligro procesal existente”, argumentó en el escrito citado por la prensa local.

En la misma línea, el funcionario remarcó que la reiteración de la conducta denunciada refuerza la necesidad de una detención formal. Según explicó, “incluso después de haber sido advertida por más de un funcionario de que su conducta constituía un delito en Brasil, la acusada persistió en los delitos raciales, extendiéndolos incluso a espacios públicos”.

Para la fiscalía, este comportamiento refleja un “desprecio por las normas jurídicas y sociales, así como baja adhesión a las órdenes de alejamiento”, motivo por el cual solicitó que se endurezca la situación procesal de la imputada.

Un viaje que terminó en un conflicto judicial

Páez había llegado a Río de Janeiro por vacaciones y tenía previsto regresar a la Argentina hace alrededor de tres semanas. No obstante, la denuncia penal derivó en la retención de su pasaporte, la prohibición de abandonar el país y la imposición de medidas restrictivas.

Actualmente, permanece alojada en un departamento que debe pagar por su cuenta, acompañada por familiares y amigas que viajaron especialmente para asistirla durante el proceso.

Su abogado defensor, Sebastián Robles, advirtió sobre las dificultades económicas que enfrenta su clienta. “Ahora está en un lugar más seguro. El departamento lo paga ella y todo corre por su cuenta; esa es la situación grave. No sabemos hasta cuándo va a poder soportar el tema económico porque no es una chica pudiente como pintan. Estamos lidiando con eso para que sea lo más rápido posible, pero evidentemente viene para rato”, afirmó.

Imputada por el delito de “injuria racial”, la joven lleva colocada una tobillera electrónica que impide su acercamiento a zonas fronterizas, aunque no tiene restricciones para desplazarse dentro de Río de Janeiro. En los últimos días, además, recuperó su DNI, que había sido retenido en una primera instancia.

En paralelo, la defensa presentó un habeas corpus para solicitar que Páez pueda regresar a la Argentina y continuar el proceso judicial desde su país.

“No tenemos garantía de nada. Hay que ver el tema de la intervención jurídica ante la violación flagrante de los derechos humanos que están haciendo y del principio de inocencia”, sostuvo el letrado, a la espera de una definición judicial.

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