Imputaron a la jueza de La Rioja que pidió una coima para acelerar una sucesión
Tras haber presentado la renuncia a su cargo, la magistrada quedó en la mira de la justicia de La Rioja por pedir $ 8 millones para hacer su trabajo.
La justicia de La Rioja imputó este viernes a la jueza provincial Norma Abate de Mazzucchelli, quien presentó su renuncia tras conocerse que le pidió a una familia una coima de $8 millones para apurar una sucesión.
Abate de Mazzucchelli presentó la renuncia ante la Secretaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, donde se trató el tema como instancia previa a su envío al Consejo de la Magistratura provincial.
Tras esta instancia, la causa se elevaría a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Por la vía legal, en cambio, la jueza podría ser condenada a una pena de hasta cuatro años de prisión.
Pero el Tribunal Superior de Justicia no aceptó la renuncia de la jueza, quien hasta este viernes fue presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, sino que ahora es investigada por el fiscal provincial Luis González Aguirre.
González Aguirre imputó a Abate de Mazzucchelli tras analizar las pruebas aportadas por la familia a la que la magistrada le pidió la coima, tras entender que "la conducta que se le enrostra a la jueza es haber pedido una contribución abusando del ejercicio de sus funciones".
"Hay un principio de prueba aportado de la denunciante, en formato de audio y video, que da respaldo a lo que manifestó. Estas circunstancias, analizadas por la fiscalía, determinaron elementos suficientes para que el juez de instrucción investigue la causa", convino González Aguirre.
Tras comprobar que existe un "relato preciso y congruente" de parte de la denunciante, el fiscal ordenó la protección de la mujer y se encargó de imputar a la jueza por infringir el artículo 266 del Código Penal, sobre la ética en el ejercicio de la función pública, que establece que "será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden".
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