Crimen de Lucas González: rechazaron excarcelar a la policía de la Ciudad detenida

Scorza se sumó a los 14 detenidos que ya fueron elevados a juicio. Tras la indagatoria, su defensa solicitó que se le conceda la excarcelación bajo una caución juratoria o la que mejor se crea conveniente. Pero la justicia rechazó el planteo tras la oposición del fiscal Leonel Gómez Barbella. Como tiene dos hijas menores se evaluará la posibilidad de una domiciliaria.

El fiscal opinó que la escala penal prevista para los delitos que se le atribuyen a Scorza, encubrimiento agravado por la condición de funcionaria pública y ser el ilícito precedente especialmente grave, y privación ilegal de la libertad calificada y por haber cometido tortura, “supera el máximo de 8 años”, y que por la naturaleza de los hechos, si es condenada no recibiría una condicional.

Explicó que a partir de la rueda fotográfica en la que una de las víctimas la señaló como quien le dijera “…dónde tenés la droga, que era un chorro, que a su amigo le tiraron porque hizo las cosas mal…”, podría existir un riesgo de presión sobre los damnificados, sus familiares y los testigos. Además recordó que hace poco ocurrieron actos de intimidación sobre las familias afectadas.

Al resolver el planteo, la jueza Paula González sostuvo que la imputada no registra antecedentes condenatorios, aportó un domicilio que coincide con el que surge de las constancias de la causa, cuenta con un trabajo estable e integraría un núcleo familiar que podría brindar cierta contención. Pero que “ello no puede desatender la grave imputación dirigida por la Fiscalía, entre ellas, la aplicación de sufrimientos físicos a unas víctimas que antes habían padecido un ataque armado por personal policial”.

La jueza resaltó que Scorza reconoció haber recabado los datos de un testigo que nunca aportó a la investigación a pesar de transcurrir unos ocho meses desde el suceso, a lo que suma la intensa difusión de la causa en los medios de comunicación o la importancia que tomó en la opinión pública.

“Es que no se entiende demasiado la actividad pasiva de la imputada, por decirlo de algún modo, si aseguró contar con información personal de un testigo que bien podría haber sido clave en la encuesta y decidió dejarlos en una ‘tabilla’, y al día de hoy no sabe si los perdió. Y esto se dice sin abrir un juicio de valor acerca de lo manifestado en su indagatoria, ya que el acotado margen que ofrece la incidencia no habilita consideraciones sobre el fondo”, advirtió.

“Media una posibilidad cierta que en caso de recuperar la libertad Scorza pueda ocultar, alterar, modificar y/o destruir pruebas fundamentales o influir en testigos”, indicó la magistrada.

En la resolución, la jueza recordó que los padres de uno de los jóvenes que iban con Lucas Gonzalez y que fueron víctimas de ese procedimiento ilegal, expresaron “el profundo temor de lo que pudiera ocurrirle a su hijo que lo llevó a evaluar la posibilidad de trasladarse a otra provincia”.

También denunciaron que cuatro personas se acercaron a su domicilio en un vehículo y que lo observaron de forma intimidante. Además de otro hecho de características vandálicas aplicado sobre su automóvil, cuestión que llevó a extremar las medidas de cuidado en su residencia.

La jueza analizó el reclamo de la morigeración de la detención. “Su condición de progenitora de dos niños, uno de 8 y otra de casi 2 años, si bien no sugiere la dosificación de los peligros que se pusieron de manifiesto en estos considerandos, impone, en rigor de verdad, su tratamiento en el correspondiente incidente de arresto domiciliario que se creará en lo inmediato para disponer allí las diligencias necesarias”.

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