Acuerdo en el Penal de Devoto: clasificarán a los presos que podrían obtener domiciliaria
Se llegó a un nuevo acuerdo entre la Cámara Federal de Casación Penal y los presos, quienes serán clasificados para luego evaluar si les dan domiciliaria.
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Los presos del sistema federal y nacional junto con el Gobierno, la Justicia y otros organismos acordaron que se clasificará a los detenidos de acuerdo a parámetros que fijó la Cámara Federal de Casación Penal y que permitirán analizar quiénes podrían obtener la prisión domiciliaria ante el riesgo de contagio del coronavirus.
Se trata de un nuevo acuerdo que firmaron presos del penal de Devoto en representación también de otros internos del sistema federal y nacional, y que tiene como objetivo clasificarlos a los detenidos en subgrupos.
Según se determinó, se analizará la situación de los internos que podrían acceder al beneficio de la prisión domiciliaria en “población de riesgo sanitario”, que son aquellos mayores de 60 años y con “enfermedades determinadas por la autoridad sanitaria”; “personas en término de libertad condicional y asistida” y “aquellos que tenían las salidas transitorias otorgadas”.
También se menciona a los presos “con condenas no superiores a tres años y aquellos con prisión preventiva cuyo cumplimiento exceda los dos años”; “mujeres con niños y niñas y embarazadas”; y “extranjeros con trámites de expulsión”.
El documento también contempla a las “personas que fueron condenadas bajo el régimen penal de menores”.
Tras la clasificación - que estiman en más de 6 mil detenidos- cada juez o tribunal a cargo evaluará en cada caso si corresponde o no otorgar la prisión domiciliaria.
Estos listados se harán desde la Secretaría de Justicia - a cargo de Martín Mena - y desde el Servicio Penitenciario Federal.
Además, las autoridades se comprometieron a otorgarles a los detenidos elementos de protección e higiene, parte del reclamo que hicieron aduciendo que estaban desprotegidos frente al riesgo de contagio de coronavirus.
De la mesa de diálogo participaron representantes de los presos, del Gobierno a través del funcionario Mena, la Procuración Penitenciaria Nacional en representación de Ariel Cejas Melliare, la Defensoría General de la Nación, la Procuraduría de Violencia Institucional, y los jueces Daniel Morin y Gustavo Hornos, de la Cámara Nacional de Casación Penal y de la Cámara Federal de Casación Penal, respectivamente.
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