Soberanía alimentaria y Vicentin: ¿una oportunidad para repensar el sistema?
El abogado Rafael Colombo explicó a minutouno.com cómo podría impactar la intervención de la empresa en el sistema productivo actual. El agronegocio y la agroecología como modelos opuestos.
Ph: Instagram/caminhosdafloresta
Por Nadia Barreiro
El proyecto del Gobierno de Alberto Fernández de expropiar la empresa Vicentin visibilizó el debate sobre el modelo productivo del país. Es decir, qué, cómo se produce y qué alimentos llegan a los argentinos.
“La expropiación de Vicentín es un paso hacia la soberanía alimentaria”, anunció el Presidente, relacionando a la compañía con el sistema agroindustrial y el rol del Estado, uno de los acreedores de la compañía.
Vicentin representa el 10 por ciento del total de la exportación de granos y derivados desde Argentina. Entre ellos, procesa soja transgénica, alimento que ocupa el 60 por ciento de la superficie cultivada del país. Esa soja y ese maíz, que junto con el algodón representan el 75 por ciento de la producción nacional, no se destinan en su mayoría a alimentar a los ciudadanos.
Según un informe del Ministerio de Agroindustria de 2018, “el destino final de la producción de soja entre 2014/2016, fue en un 80% el mercado mundial, en el cual Argentina ocupa posiciones de liderazgo en toda la cadena de productos del complejo soja, grano y aceite para el engorde de animales en China, harina como subproducto y biodiesel para combustible en Europa”.
Estos datos alumbran dos problemas: Argentina tiene un sistema de monocultivo y más de la mitad de sus divisas provienen del agronegocio.
¿Alcanza con Vicentin?
Para Rafael Colombo, abogado ambientalista y docente de Derecho Constitucional y Sociología Jurídica, el problema no se agota en Vicentin.
"En principio - si se cumplen con todos los recaudos constitucionales y legales - la expropiación se presenta como legítima e incluso políticamente necesaria en un contexto de crisis sanitaria y económica, donde el Estado es uno de los principales acreedores de una empresa y donde penden de un hilo eslabones esenciales de la cadena productiva y puestos de trabajo. El problema es presentar todo esto como una política que contribuye a lograr mayor soberanía alimentaria, de la mano de un conglomerado empresarial netamente extractivista", sostiene en diálogo con minutouno.com.
Argumenta que las razones se vinculan al perfil productivo de la compañía, absolutamente incompatible con los discursos y prácticas de la soberanía alimentaria, dependiendo entonces de la política que adopte el Gobierno ante una posible intervención sobre la conducción de la empresa, la cual debería ser redefinida por completo.
"Vicentin es una empresa que en Santa Fe conocemos desde hace tiempo. Posee luces pero también muchas sombras a lo largo de su historia. Recibió en muchas ocasiones ayuda del estado a cambio de nada, en particular, de las dictaduras militares. Entre 1966 y 1983 se hizo de tierras fiscales, puertos y fue beneficiada con la estatización tristemente célebre de la deuda privada en 1982. Como si fuera poco, la empresa ha sido denunciada por ex presos políticos y organizaciones de DDHH por facilitar la entrega, encarcelamiento y tortura de delegados y trabajadores durante el último gobierno de facto. A todo esto hay que sumar las sospechas por las maniobras fraudulentas ligadas a los últimos prestamos otorgados por el Banco Nación de la era Macri, su vaciamiento y fuga de capitales a paraísos fiscales", manifestó.
Además, es una empresa agroexportadora líder en el mercado de granos y oleaginosas sostiene, perfil que "no tiene nada que ver con soberanía alimentaria".
¿Hacia una transición?
La soberanía alimentaria no es un concepto teórico, sino que está relacionado con las luchas de movimientos sociales, campesinos e indígenas en todo el mundo para decidir qué producir, de qué modo y cómo distribuirlo, proponiendo a la agroecología como práctica central.
"Alimentos sanos para pueblos libres", es el lema. Libres de explotación laboral, de agrotóxicos, de colonización empresarial y extranjerización de la tierra, entre otras libertades. "Para nosotros, significa luchar contra la importación y eso implica darle el mayor uso posible a los productos locales que tenemos", explica Blandine Sankara, integrante de la Asociación Yelemani en el documental Burkinabè Bounty, agroecología en Burkina Faso.
En este sentido, Colombo aclara que "Vicentin es un ejemplo de un modelo de mal desarrollo, que es al mismo tiempo protagonista e intermediaria de los peores componentes del extractivismo agroindustrial, de modo que "no puede ser presentada como una empresa que sea parte de la solución al flagelo del hambre en nuestro país".
"Aparte, la soberanía alimentaria como paradigma es mucho más amplio y diversificado, asociado a un movimiento insurgente a escala global que reúne a más de 200 millones de campesinos", recuerda.
Luego, puntualiza: "Implica hablar de producción agroecológica rural y urbana familiar, de recuperar el protagonismo de aquellos universos agrarios oprimidos - el campesino y el chacarero - y de la cultura ancestral de los pueblos indígenas y sus cosmovisiones sobre el uso de la tierra, de semillas consideradas como patrimonio común sin pago de regalías, de producción de alimentos sanos y saludables libres de agroquímicos, de desconcentración de los supermercados que operan como intermediarios entre productores y consumidores y el fortalecimiento de ferias campesinas. Especialmente, implica hablar de la desmercantilización de la tierra y los alimentos".
La lucha por el acceso a la tierra, la soberanía de las semillas y el freno en el avance de la frontera agrícola, entre otras cosas, son parte del entramado para un cambio de sistema productivo. Y los recientes incendios en Entre Ríos para la producción de carne tampoco son ajenos al problema. "Han sido actos inescrupulosos, no puede pasar más", denunció el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié.
Derechos Humanos
Como sucede con la vivienda, los alimentos saludables se volvieron una mercancía a la que accede el que tiene con qué pagarla. Sin embargo, ambos "privilegios" no deberían estar sujetos a las reglas del mercado.
Marcos Filardi, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición (UBA) y de la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria (RedASA), advierte que la alimentación adecuada es un Derecho Humano contemplado en la Constitución Nacional.
Además, ve con optimismo la administración estatal de la empresa "si se destina toda la infraestructura de Vicentin a los efectos de abastecer al mercado interno de alimentos sanos, seguros y soberanos y como política de una empresa pública, y priorizar la compra pública de alimentos producidos por la agricultura familiar, campesina e indígena", entre otros propósitos que describió en Huerquen.com. Como opina Colombo, "puede ser el comienzo de una gran oportunidad" y "aprovechar el momento para recuperar las utopías y traducirlas en transformaciones concretas".
Temas
Te puede interesar