Quién es Rosa Micaela Quipildor, la argentina detenida en Japón con 101 cápsulas de cocaína
La mujer de 30 años fue arrestada en el aeropuerto de Haneda luego de que una radiografía detectara casi un kilo de cocaína en su organismo. Ya había sido condenada.
Rosa Micaela Quipildor, una argentina de 30 años y madre de tres hijos, quedó detenida en Japón después de que las autoridades detectaran que transportaba 101 cápsulas de cocaína dentro de su cuerpo. El procedimiento ocurrió en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, luego de que un agente aduanero sospechara de su comportamiento durante el control de ingreso al país.
La mujer había llegado el lunes 10 de agosto en un vuelo procedente de Londres. Ante las sospechas del personal que realizaba el control, fue trasladada a un centro médico, donde le practicaron una radiografía. El estudio permitió detectar numerosos paquetes envueltos individualmente en plástico dentro de sus intestinos.
Según la información difundida por medios japoneses, el cargamento contenía casi un kilogramo de cocaína y tendría un valor estimado superior a los 150.000 dólares. Quipildor quedó acusada por la Policía Metropolitana de Tokio y la Suboficina de Aduanas de Haneda por infracciones relacionadas con la Ley de Control de Drogas con fines comerciales y la Ley de Aduanas.
Ante los investigadores, la mujer habría explicado que había aceptado trasladar la droga a cambio de 7.000 dólares. “Recibí y consumí cocaína en Brasil. Se suponía que me pagarían 7.000 dólares a cambio de la droga”, declaró, según publicó el medio japonés FNN.
La propuesta que, según declaró, recibió para viajar a Japón
De acuerdo con su relato, Quipildor habría conocido a una mujer durante un festival en Argentina. Esa persona, siempre según la versión de la detenida, la habría puesto en contacto con un hombre que le entregó las cápsulas y le dio indicaciones para realizar el viaje.
La nueva detención, sin embargo, llevó a revisar sus antecedentes y puso nuevamente bajo la lupa una causa que había tenido en Argentina años atrás. La mujer ya había sido condenada por una serie de intentos de enviar cocaína hacia países asiáticos.
La primera maniobra registrada se produjo el 17 de agosto de 2021, cuando intentó enviar 388,42 gramos de cocaína a través de una encomienda de FedEx. El paquete había sido despachado desde una sucursal ubicada en la avenida Corrientes 654, en la Ciudad de Buenos Aires, y tenía como destino Bangkok, Tailandia.
La investigación estableció posteriormente que entre agosto de 2021 y abril de 2022 se habían intentado realizar tres envíos de cocaína con destino a Malasia y Tailandia. Las encomiendas fueron detectadas mediante los controles de las empresas de correo.
La condena que recibió en Argentina
El 8 de abril de 2022, Quipildor fue descubierta realizando dos nuevos envíos desde una sucursal de DHL Express Argentina situada en la calle Senillosa 682. En uno de los paquetes había 532,52 gramos de cocaína, mientras que el segundo contenía otros 440 gramos. Ambos cargamentos tenían como destino Malasia.
La causa avanzó hasta llegar a juicio y, el 18 de noviembre de 2022, la mujer fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N.º 1. Quipildor había firmado un acuerdo de juicio abreviado y asumió su responsabilidad por los hechos investigados.
El juez Diego García Berro la declaró autora del delito de contrabando de exportación agravado por tratarse de una sustancia estupefaciente destinada a su comercialización, en grado de tentativa y reiterado en tres oportunidades.
Para determinar la pena se consideraron distintos aspectos de su situación personal y judicial. El tribunal tuvo en cuenta que no registraba antecedentes penales computables y también analizó su participación concreta dentro de la maniobra.
Una historia atravesada por la vulnerabilidad
El expediente también incorporó un informe socioambiental sobre la situación de Quipildor. Según ese documento, había sido madre por primera vez a los 15 años, había abandonado sus estudios secundarios y comenzado a trabajar para contribuir al sostenimiento económico de su familia.
Al momento de aquella investigación vivía con su pareja y sus tres hijos en una vivienda alquilada de la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores. Los ingresos familiares dependían principalmente del trabajo de su pareja como chofer de remis y de distintos programas sociales. El informe describió indicadores de vulnerabilidad y una situación de “riesgo alimentario”. También señaló circunstancias vinculadas con abandono, pobreza y violencia de género que fueron consideradas durante el proceso judicial.
En 2022, además, Quipildor figuraba inscripta en el monotributo social. Primero había sido registrada como vendedora de comida para llevar y posteriormente como personal de maestranza.
El juez sostuvo que “no requiere un especial esfuerzo advertir las razones” por las que la mujer habría sido contactada por una organización para participar de este tipo de maniobras. También consideró “desproporcionado” que recayera exclusivamente sobre ella la pena prevista por la legislación, teniendo en cuenta que era la única imputada en el expediente.
Por ese motivo se declaró para ese caso la inconstitucionalidad del mínimo de la escala penal prevista por el artículo 866 del Código Aduanero y se avaló la condena de tres años de prisión en suspenso, bajo distintas reglas de conducta.
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