Rechazan el proyecto oficialista para denunciar "fraude" en pensiones por invalidez: convocan a una marcha
Activistas por los derechos de personas con discapacidad repudiaron la iniciativa libertaria porque desvía la atención de la crisis en el sistema.
Se suponía que el Gobierno debía aceptar, aplicar y reglamentar la Ley de Emergencia en Discapacidad para garantizar las prestaciones médicas y terapias de personas con discapacidad y de los profesionales del sector, pero esta semana presentó el proyecto para denunciar fraude en pedidos de pensiones por invalidez que podría expulsar del sistema a beneficiarios aún de manera arbitraria.
La "Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez" es la nueva iniciativa de Javier Milei que utiliza un pretexto lógico -evitar que haya personas que mientan para acceder al sistema de pensiones por invalidez- para aplicar lo que en realidad podría ser utilizado como una herramienta para estigmatizar a las personas que realmente viven con una discapacidad.
"Rechazamos el proyecto de Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo", afirmaron este lunes desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En un comunicado la organización se refirió a la nueva cruzada de La Libertad Avanza contra los derechos de las personas con discapacidad tras haber acordado ajustes arancelarios nimios para el nomenclador de prestaciones.
"Desde el FORO advertimos que esta iniciativa no solo modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sino que además instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad. Lejos de dar respuestas, el proyecto desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural que atraviesa el sistema, con demoras en pagos, aranceles desactualizados y prestaciones en riesgo", señalaron.
El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Senado el proyecto de ley tras la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para reemplazar la actual Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), cuya aplicación ha sido objeto de fallos judiciales adversos para el Gobierno.
Para empezar, el texto propuesto por Javier Milei y equipo obliga a todos los beneficiarios actuales de pensiones por discapacidad o invalidez a acreditar nuevamente su condición médica, socioeconómica y laboral.
Su información personal se cruzará con datos de la ANSES, ARCA y SINTyS, lo que permitirá suspender pensiones de manera "preventiva" ante cualquier inconsistencia detectada.
También se procederá a la suspensión automática y posterior baja del beneficio en caso de que la persona no se reempadrone.
Si bien la pensión se mantiene en el 70% del haber mínimo, se eliminan los adicionales por zona desfavorable y la facultad del Ejecutivo para otorgar aumentos específicos por invalidez laboral.
El proyecto establece una prohibición absoluta para que los beneficiarios posean empleo formal. De aprobarse, quien acceda a un trabajo registrado perdería automáticamente la pensión, sin importar su salario, su poder adquisitivo o sus necesidades económicas.
Además, se eliminarían incentivos fiscales y programas de reconocimiento para empresas que contraten personas con discapacidad.
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