Revocaron la sentencia de la jueza porteña que suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil
La jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional la aplicación del Régimen Penal Juvenil en un caso específico, pero recibió críticas y hasta fue denunciada.
La jueza porteña Laura De Marinis.
La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó este viernes el fallo dictado la jueza Laura De Marinis que declaraba la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil en una causa contra un adolescente de 14 años por tentativa de robo agravado y los sobreseía.
Los jueces Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca hicieron lugar al recurso de apelación interpuesto del fiscal Mauro Andrés Tereszko y la auxiliar fiscal Paula Raffa Pirra, de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil (UFEPJ), y anularon el sobreseimiento del adolescente identificado como M. I. A., quien está acusado junto a otros menores de edad.
Además de apartar a De Marinis de la causa, los jueces declararon la validez del artículo 1 de la Ley 27.801, del nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, cosa que la jueza porteña de primera instancia no había negado de manera general sino particular.
"Lo primero que quiero dejar bien en claro es que esta es una decisión en un caso concreto. Me parece importante entender que esto no es un mensaje de impunidad; la causa no se archivó y se sigue investigando", señaló esta semana la jueza Laura De Marinis al intentar explicar su fallo a Radio Perfil.
Pero los jueces de la Sala III entendieron que De Marinis "confundió planos" al "usar la levedad del hecho" (el intento de robo) y "la vulnerabilidad para anular una regla general", mientras que cometió un error técnico al aplicar la ley Ley 22.278 que ya estaba derogada por el artículo 48 de la ley que entró en vigencia el 5 de septiembre.
El fallo señala que la funcionaria judicial hizo un juicio de conveniencia, no de constitucionalidad, y resaltó que las Observaciones del Comité de Derechos del Niño no son vinculantes, al tiempo que mencionaron una contradicción: De Marinis dijo que la regresividad se analiza caso por caso, pero usó argumentos generales.
Ahora, los jueces dispusieron el sorteo de un nuevo juez del fuero para que intervenga "en los autos principales".
Qué dice el fallo de la jueza De Marinis
“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables", convino la jueza de Menores de la Ciudad de Buenos Aires.
"Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto, significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros”, señaló antes de añadir: "No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero".
Siguiendo ese razonamiento, De Marinis declaró inconstitucional el artículo 1 del Régimen Penal Juvenil.
“¿Por qué afirmo que el artículo 1 de la Ley 27.801 es inconstitucional en este caso concreto? Centralmente el argumento consiste en que la respuesta institucional otorgada a la conducta reprochada a M.I.A. es regresiva, toda vez que antes de la entrada en vigencia de aquella ley, el Estado lo responsabilizaba pero no lo perseguía penalmente, dándole intervención al sistema de protección integral", explicó la magistrada.
Respuesta política de Ciudad y Nación
La respuesta inmediata de la Justicia porteña fueron las críticas desde la Fiscalía, pero además, el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Mario Tapia, denunció a la magistrada por el modo en que ejerció el control de constitucionalidad.
El gobierno de Javier Milei creó este viernes un programa para avanzar en la implementación del régimen penal juvenil bajo la órbita de la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, lo que denota la respuesta oficial (aunque oblicua) de Casa Rosada sobre el tema que compete a la Justicia porteña.
A través de la Resolución 484/2026 el Ministerio de Justicia dispuso que "el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil estará a cargo de un coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco”.
Su principal tarea será avanzar en la aplicación del régimen en la justicia nacional, ordinaria y federal, la capacitación de quienes intervienen en el fuero y la producción de estadísticas y la articulación con las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y otras áreas del Poder Ejecutivo.
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