"Un cumplimiento que incumple": duro reclamo del Foro Discapacidad contra el Gobierno de Javier Milei

Tras una intimación del Juzgado Federal de Campana, el Gobierno presentó un informe a través de la Procuración del Tesoro el pasado 3 de enero para intentar acreditar que está cumpliendo con la Ley 27.793. Sin embargo, las organizaciones del sector calificaron la respuesta de "meramente formal" y "especulativa".

El Foro denuncia que el Estado Nacional está realizando una maniobra dilatoria para no aplicar las medidas de emergencia que el Congreso aprobó el año pasado.

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Según el comunicado, las cifras presentadas por el Gobierno para justificar la falta de fondos carecen de fundamento técnico. Afirman que se busca "sobredimensionar" el gasto para instalar un discurso de déficit y estigmatizar a los beneficiarios.

La Ley establece una compensación por la brecha entre los aumentos de prestaciones (2023-2024) y la inflación (IPC). Mientras el Gobierno propone un 10,5%, los prestadores aseguran que el cálculo es erróneo y que ni siquiera existe un cronograma de pago.

Del mismo modo, desde el Foro denuncian que no se han fijado los aranceles correspondientes a enero de 2026 ni se han actualizado los ingresos de los operarios en Talleres Protegidos.

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Vulneración de derechos y "silencio estatal"

El Foro Permanente enfatizó que existen medidas de ejecución inmediata que están siendo ignoradas, afectando directamente la sostenibilidad del sistema de atención:

• Deudas con ARCA: La Ley contempla la refinanciación de deudas generadas por el congelamiento de aranceles frente a la suba de salarios, pero el Estado no ha emitido ninguna normativa al respecto.

• Programa Incluir Salud: Advierten que el Gobierno describe el impacto presupuestario pero no explica cómo se garantizará la atención médica efectiva durante el 2026.

• Talleres Protegidos: Persiste el silencio oficial sobre el aumento del apoyo mensual que perciben los trabajadores con discapacidad en estos espacios de producción.

En este sentido, el comunicado cierra con una frase tajante: “El Gobierno Nacional manifiesta cumplir sin cumplir”.

Para las organizaciones, la presentación ante la justicia es un "engaño a la población" que genera una grave vulneración de derechos para uno de los sectores más frágiles de la sociedad.

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