Falta de control sobre las empresas de la cuenca y ausencia de un cronograma para el estudio de la calida del aire son algunas de las irregularidades que según el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, comete la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), presidida por la secretaria de Ambiente Romina Picolotti y encargada de llevar a cabo u plan para sanear el Riachuelo.
La Acumar fue creada a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los Estados Nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal aplicar un plan integral para el saneamiento de la cuenca como consecuencia de una demanda colectiva por daño ambiental.
Luego de que se cumpliera uno de los plazos para la implementación de ese plan, el Defensor del Pueblo y las cinco ONG —Greenpeace, FARN, CELS, Asociación de Vecinos de La Boca y Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos— que realizan el seguimiento de lo hecho por la Acumar presentaron un informe ante el juez Federal de Quilmes Luis Armella remarcando algunos incumplimientos y reclamando que se apliquen multas que deberían ser pagadas por Picolotti con sus ingresos personales.
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Al finalizar el primer plazo la Autoridad debía haber inspeccionado las industrias de la cuenca, hacer un sistema de información ambiental y presentado un informe inicial de calidad del agua y aire.
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Según Mondino, “las tres jurisdicciones siguen trabajando por separado, por lo que parece que la Acumar no ha logrado ser operativa, ni eficaz”. Por lo que “los derechos ambientales en la cuenca no son respetados en forma homogénea”, indica.
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También se reclama porque “la obligación referida a la inspección a las industrias no se ha cumplido”. El defensor sostiene que “correspondería la aplicación de multa, tal como lo previó la Corte Suprema”.
El informe presentado ante la Justicia señala que la Acumar confeccionó un listado de 4103 industrias registradas en la cuenca, pero no entrega información que sirva para constatar el relevamiento. Además, para Mondino “el listado es sumamente incompleto” y no está explicado “cómo llega a ese número de 4100, cuando el Censo Económico informa que hay 10.000 “.
Otra de las irregularidades es que no se informó “en qué situación se encuentra el aire que respiran los habitantes de la cuenca, y ni siquiera se acompaña un cronograma certero de cuándo se cumplirá”. Por esa falta también se solicita la aplicación de mulas.
También se considera deficitaria la puesta en marcha de un Sistema de Información Ambiental. “La Acumar sólo ha puesto a funcionar una página web” que “no es suficiente para que los habitantes estén informados de todo lo que se realiza en la cuenca”, señala el Defensor del Pueblo.
Tampoco se encuentra en el informe de la Acumar el “diagnóstico inicial y una actualización del estado del agua superficial y subterránea” requerido por la Corte.
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