En la década del 90 se sancionaron una serie de leyes que permitían a las empresas pagar en vales o tickets una parte del sueldo.
De esta manera, los empresarios se ahorraban de pagar las llamadas cargas sociales (aporte a las obras sociales, jubilación, aguinaldo, etc) sobre los valores que se pagaran con tickets. Por ejemplo, en un salario de $1500, si se pagaba el 10% en tickets sobre esos $150 no corrían las cargas sociales.
Se trató de un sistema “muy de los noventa”, en consonancia con el aumento galopante de la desocupación y la receta neoliberal que sostenía que había que bajar los “costos laborales” para que los empresarios quisieran tomar trabajadores.
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Actualmente, en un contexto de industrialización y de sostenida demanda de trabajadores, esas leyes merecen ser actualizadas: ¿qué sentido tiene que una PyME tenga el mismo régimen de descuentos por tickets que una corporación multinacional, por ejemplo?
La ley que los empresarios quisieron frenar (con un presunto pedido de coimas) no anula los tickets, sino que otorga carácter remunerativo a la suma que se entrega en concepto de ticket (es decir, hay que pagar cargas sociales sobre ellos también).
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La realidad es que, si hay que pagar cargas sociales sobre los valores del los tickets, tiene muy poco sentido seguir utilizándolos. Con lo cual, el millonario negocio de las empresas que brindan este servicio podría caerse a pedazos.
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