Revés para la Argentina en causa YPF: jueza Preska mantiene el pedido de chats de Luis Caputo y Sergio Massa

Economía

La Justicia de Estados Unidos rechazó el pedido del Gobierno de no entregar el contenido de los dispositivos móviles de los últimos dos ministros de Economía.

La jueza estadounidense Loretta Preska dio un nuevo revés a la Argentina en la causa por YPF, ya que rechazó el pedido del Gobierno de reconsiderar el fallo que ordena la entrega de dispositivos electrónicos y mensajes de WhatsApp de altos funcionarios, tanto de la actual administración como de la anterior.

El pedido original de Preska incluía el acceso a los WhatsApps del actual ministro de Economía, Luis Caputo, y de su antecesor, Sergio Massa, así como de otros funcionarios de gestiones anteriores.

La medida se enmarca en el proceso de "discovery", un mecanismo del derecho norteamericano que permite a los demandantes solicitar información para localizar activos ejecutables. En este caso, el objetivo es demostrar el "uso político" de la petrolera, argumentando que YPF y el Estado argentino son la misma entidad.

Según el especialista en litigios Sebastián Maril, la jueza Preska argumentó que, aunque el Gobierno puede no tener "posesión" o "custodia" de los chats, sí tiene el "control" sobre estas comunicaciones. El fallo señala que las mociones de reconsideración en esta jurisdicción "generalmente se deniegan" a menos que la parte solicitante presente decisiones determinantes.

El Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro, había solicitado la reconsideración alegando que los requerimientos "resultan contrarios a la jurisprudencia de los Estados Unidos y a la legislación argentina, que protege los datos personales y las comunicaciones privadas".

Ante la decisión de la jueza, la Procuración consideró que el fallo es "incorrecto" y está "analizando las vías procesales para su impugnación". También está pendiente de resolución una segunda moción que busca limitar el "discovery" a solo activos potencialmente ejecutables.

“Por el contrario, la legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador“, explica la notificación de la Procuración del Tesoro.

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