*Una serie de notas emitidas por el Enargas muestran que ese organismo ordenó a la licenciataria de varios gasoductos contratar a Skanska para ampliarlos. *La empresa admitió haber pagado $13,4 millones en coimas para participar de las obras, pero aún no señaló cuál fue el destino del dinero. *El presidente Néstor Kirchner había afirmado que no hay integrantes del gobierno nacional implicados y que se trata de un caso de corrupción entre privados.
El miércoles el presidente Néstor Kirchner lo dijo en la Casa Rosada: "El gobierno nacional no tiene nada que ver. A mi juicio [el caso Skanska] es un acto de corrupción entre privados." Así se refirió a la investigación que se lleva a cabo por el pago de $13,4 millones en coimas que esa empresa sueca realizó para participar de la ampliación de los gasoductos Norte y Sur. Los caminos del dinero salpicaban a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio de Vido, y ahora una serie de documentos, publicados por el diario La Nación, sacan a la luz que un organismo estatal fue el que ordenó la contratación de Skanska.
Los datos brindados en la investigación judicial por los directivos de Skanska no aclararon a quién se pagaron las coimas. De documento oficiales surge que la orden de adjudicar el emplazamiento de tres plantas compresoras del Gasoducto Norte a Skanska, BTU y Contreras Hermanos salió del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y lleva la firma de su titular, Fulvio Madaro. El ente depende del Ministerio de Planificación.
La encargada de contratar las obras era TGN (Transportadora Gas del Norte), pero siempre bajo el control del Estado, ya que se financia con un fideicomiso. Hubo varios llamados a licitación en los que se presentaron presupuestos más altos que los que esperaba TGN. La empresa hizo una y señaló esos sobreprecios —que llegaban hasta el 152%— una y otra vez al Enargas y al secretario de Energía, Daniel Cameron.
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A pesar de los sucesivos llamados a concurso, las presentaciones de las empresas siempre tenían precios que superaban las expectativas de TGN. En el último reclamo, la empresa indicó: "Basados en los antecedentes técnicos y de mercado, no encontramos una explicación razonable para justificar el desvío y nos vemos impedidos de avalar dichos precios".
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Después de varios meses de intercambios de notas entre TGn y el Enargas, el 8 de abril de 2005 el organismo dispuso que la construcción de las plantas se adjudicara a Skasnka, BTU y Contreras Hermanos.
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En base a los documentos, el diputado del ARI Adrián Pérez —que realizó la denuncia que inició la causa en la Justicia— afirmó que "está claro que no se trata de un acto de corrupción entre privados, sino que hay una evidente responsabilidad del Gobierno”.
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