Caso Maricarmen: el Sindicato de Inquilinas de España prepara una querella por homicidio contra Urbagestión
La organización impulsa acciones contra la empresa tras el fallecimiento de Maricarmen de 87 años. Urbagestión denuncia amenazas, acoso y ataques informáticos.
Caso Maricarmen: el Sindicato de Inquilinas de España prepara una querella por homicidio contra Urbagestión
Tras el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se convirtió en un símbolo de la lucha contra los desahucios en España, el conflicto judicial da un nuevo giro. El Sindicato de Inquilinas prepara una querella por homicidio imprudente contra Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda ubicada en el barrio de Retiro, en Madrid.
Muerte de Maricarmen: los detalles de la querella y la postura de la empresa propietaria
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Fuentes del propio sindicato confirmaron que sus equipos jurídicos trabajan en el acto procesal para acusar a los propietarios de «negligencia». La anciana había permanecido ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre, fecha en la que se ejecutó la orden de lanzamiento, falleciendo a causa de un cuadro de agotamiento tras varios días sin ingerir alimentos.
- El acuerdo frustrado: La representación legal de la mujer había alcanzado un entendimiento con la empresa propietaria, con mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), para firmar un nuevo contrato de alquiler por ocho años que no superara el 30% de sus ingresos. Sin embargo, la muerte se produjo de forma inesperada antes de que pudiera concretarse la rúbrica.
- La defensa de los dueños: Desde Urbagestión recibieron con sorpresa la noticia y manifestaron que se defenderán judicialmente demostrando que todo el proceso de desalojo estuvo amparado por la normativa legal vigente.
Protestas sociales, repercusión política y denuncias por hostigamiento
El caso generó una masiva ola de movilizaciones en España, incluyendo una acampada en la Puerta del Sol, concentraciones multitudinarias y la convocatoria de una huelga general impulsada por los sindicatos UGT y CCOO para el próximo 11 de noviembre. Este clima de tensión social llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a decidir un adelanto electoral ante un escenario de marcada polarización política.
Por otro lado, los responsables de Urbagestión denunciaron haber sufrido un fuerte hostigamiento en las últimas semanas. La empresa solicitó protección oficial para sus sedes en Madrid y Valladolid tras recibir amenazas en redes sociales, ataques informáticos, suplantación de identidad y pintadas en sus oficinas, donde manifestantes montaron altares con velas y fotografías en homenaje a Maricarmen.
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