España aprobó la Ley de Memoria Histórica
Por EFE
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró en la apertura del debate de hoy que en la ley no hay ni una línea que no pueda ser respaldada por cualquier demócrata, porque todos sus artículos responden a principios que "todos podemos compartir".
La esencia del texto es, según la vicepresidenta, el reconocimiento y ampliación de derechos de las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior dictadura, y negó que suponga violentar el espíritu de concordia de los españoles o que reabra viejas heridas.
El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, argumentó el rechazo conservador en que la ley "rompe la herencia con la que se construyó la Transición", es "innecesaria" y "perjudicial para la convivencia nacional".
La ley fue concebida para reconocer y ampliar los derechos de las personas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la posterior dictadura de Francisco Franco, pero levantó mucha resistencia entre las filas del PP, que consideró innecesario y contraproducente abrir ese debate en la sociedad española actual.
El texto, además de hacer una condena del franquismo, declara la ilegitimidad de las condenas y sanciones dictadas "por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa" durante la Dictadura y ordena la retirada de todos los símbolos y monumentos públicos que honren o recuerden al franquismo, de exaltación de la sublevación militar y de la Guerra Civil.
Las personas que buscan a familiares desaparecidos, algunos enterrados en fosas comunes, podrán reclamar ayuda para esa tarea y la posterior identificación.
La posibilidad de adquirir la nacionalidad española se amplía a los descendientes hasta el primer grado de quienes la perdieron por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil o de la Dictadura.
En la tramitación de hoy se introdujo una modificación que permitirá a la Iglesia católica invocar razones "artístico-religiosas" para no tener que retirar de sus edificios símbolos conmemorativos de la Guerra Civil o la Dictadura.
La retirada de esos símbolos puede esquivarse también si se argumentan motivos "arquitectónicos" o "artísticos". En el caso de que no se eliminen sin una causa establecida, el texto contempla sanciones como una posible anulación de subvenciones.
La ley debe pasar un último trámite con la aprobación en el Senado, la cámara alta del parlamento español.
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