La sobrina de Fidel saldrá de la isla para ir a EE.UU.

La emisión del visado por parte de las autoridades norteamericanas, documento indispensable para ingresar a ese país, a Castro Espín, hija del actual presidente de la isla, Raúl Castro, generó un gran revuelo. En el Congreso de Estados Unidos se habla de que dicho permiso “se trata de una concesión al régimen”.

El senador demócrata Bob Menéndez, en ese sentido, aseguró el miércoles que la concesión del visado "envía un mensaje equivocado tanto al régimen como al movimiento de oposición", ya que se produce mientras el régimen cubano mantiene encarcelado al contratista estadounidense Alan Gross.

La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, salió a responder a esa crítica al considerar: "Nosotros no relacionamos la política de emisión de visas en casos como éste con nuestra relación general con los países en el plano económico, político y de derechos humanos".

Y explicó que el Departamento de Estado decide sobre todas las peticiones bajo la Ley de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, y que no existe "ninguna restricción específica a la emisión de visas para los funcionarios cubanos".

"En todos los casos, los visados se emiten para objetivos de viaje legítimos en Estados Unidos, incluida la participación en conferencias, cursos y estudios", señaló Nuland.

La portavoz se encargó de aclarar, como para bajarle el tono a la discusión, que otros 60 funcionarios viajarán  a San Francisco para participar en XXX Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) del 23 al 26 de mayo en la ciudad californiana, donde Castro Espín será disertante el 24 en un foro titulado "Una Mirada a la Diversidad Sexual desde lo Político".

Para evaluar las solicitudes de visado de ciudadanos cubanos el Departamento de Estado recurre a dos herramientas: la Ley de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, que debe aplicarse para las peticiones de todo el mundo, y una declaración presidencial de 1985 específica sobre Cuba.

Dicha declaración presidencial prohibía la entrada en el país de funcionarios cubanos, pero fue modificada en 1999 para permitir que se hagan "excepciones" en algunos casos, con lo que el veto quedó sujeto "principalmente a altos funcionarios, policías militares y agentes de inteligencia" de Cuba.