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Crisis institucional en Chile: heridas políticas y daños económicos

23 de octubre de 2019

Boris González López
Académico e investigador Universidad de Playa Ancha
bgonzal@upla.cl
Ernesto Mattos
Economista UBA/CCC
@mattosernesto


Sebastián Piñera, rodeado por militares, anuncia a través de los medios de comunicación que el país está en guerra. Chile se incendia, pero no de la forma que el empresario argumenta. La guerra que anuncia el Presidente justifica políticamente el estado de excepción, toque de queda, represión y muerte que el Gobierno dirige contra el pueblo. Su guerra es un invento discursivo para proteger, preservar y mantener los extraordinarios privilegios que personas como él han consolidado a lo largo de la historia de Chile.

Pero esta vez la fractura parece definitiva, en un país que vendió, en las últimas décadas, una imagen institucional de orden, crecimiento económico y estabilidad democrática de la que disfrutaron sólo unos pocos y en la que son cómplices los sucesivos gobiernos progresistas que se acomodaron a las circunstancias, manteniendo el orden que estableciera la Constitución de 1980. El gran incendio que hoy alumbra a Chile es metafórico y se alimenta de la rabia e impotencia de la enorme mayoría de chilenos y chilenas que, sin importar su militancia o ideología, han salido a las calles conscientes que al hacerlo exponen sus corporalidades a las violencias del Estado.

Se trata de corporalidades que han perdido el miedo ante las amenazas de una vida miserable, cuyo responsable directo es el sistema político en su conjunto. Si bien fue el alza de los treinta pesos del transporte público en Santiago lo que abrió esta caja de pandora, el motivo de fondo es la profunda desigualdad económica que habita y determina a Chile. Lo que pretende el presidente, con la salida de los militares a la calle, es resguardar esa brecha que cada año se amplía entre ricos y pobres y que, para sus ministros, es motivo de burlas.

Una economía que fue entregada a la lógica neoliberal y que se expresa en la vida cotidiana de casi toda la población chilena, salvo de quienes se benefician del trabajo ajeno. Aquí, algunas cifras que lo confirman: el transporte, en Chile, es uno del más caro del mundo, siendo, en el ranking a nivel mundial, el noveno. Una familia, por ejemplo, destina de sus ingresos el 18.7% a alimentos y bebidas; un 15.2% a transporte y; en tercer lugar, un 14.3% a alojamiento. La vida, entonces, se vuelve un ejercicio diario de sobrevivencia, que no se coindice con los esfuerzos que políticos, elite y medios de comunicación realizan por demostrar el éxito de un modelo económico que se cae a pedazos. Su misma brutalidad lo está sepultando.

Para hacerse una idea más precisa. Si tomamos los datos de gastos e ingresos en Chile de los cuatro primeros quintiles de la población, el 80% de los hogares no alcanza a cubrir sus gastos con lo que ganan, lo que se agrava todavía más para el 20% más pobre de la población chilena, el primer quintil, que debe subsistir en condiciones de miseria y vulnerabilidad, acumulando, durante décadas, frustraciones y violencias sistémicas en todos los ámbitos de sus vidas. Para esos sectores más pobres el transporte se lleva el 30% de su salario, mientras que en el caso de los más ricos apenas un 2%. Con este panorama de inequidad estructural, sólo un 11% de los estudiantes de clase baja se gradúan, mientras que para las clases más acomodadas el 84% logra realizar este proceso.

Bajo las directrices del modelo impuesto, entonces, la sobrevivencia de gran parte de la población ha debido financiarse bajo la lógica del endeudamiento. El 2017 un 73% de los hogares vivían endeudados (cifra que ha ido en aumento), a pesar que en 2003 apenas alcanzaba un 36%, lo que demuestra que a partir de 2013 (59%) el nivel de endeudamiento de los hogares se aceleró. Según los datos de la OECD, Chile, junto con Sudáfrica y Costa Rica, son los tres países más desiguales de la organización, a pesar que el PIB per cápita ha crecido en los últimos ocho años, pasando de 10.000 a 13.000 dólares, lo que no se ve reflejado en el bienestar de la sociedad.

La contra cara de esta situación crítica se da por la balanza de pagos. En Chile, la cuenta rentas (giro de utilidades, dividendos y pago de intereses), entre los años 2018 y 2017, fue de 23.000 millones de dólares que se transfirieron al exterior, principalmente desde las empresas mineras (en control de capitales internacionales), grandes responsables de la devastación medioambiental que sufren amplios territorios, siendo, el símbolo más trágico, la “zona de sacrifico” de Quintero y Puchuncaví. Otro dato de esta balanza de pagos es la caída del superávit comercial entre 2017 y 2018, que pasó de 3.965 a 673 millones de dólares, lo que supone que las perspectivas de crecimiento económico se mantenían pero que la situación de 2019 redefinirá, debido a que la desigualdad social abrió una crítica sostenida al sistema y que hoy pone a la sociedad en movimiento y con sacrificios que se deberán explicar: muertos, heridos y abusos.

A todos estos indicadores habría que añadirle una serie de otras cuestiones que están en la piel de los chilenos y chilenas: el sistema de previsiones, corazón del modelo, empujará a la mayor parte de la población en edad de jubilar bajo la línea de la pobreza, obligando a profesionales y trabajadores a sobrevivir en condiciones de miseria. Por debajo del salario minimo y la situación es más grave si lo separamos entre varones y mujeres, dónde los hombres en promedio cobran unos u$s 444 y las mujeres unos u$s 275, tomando el promedio nacional. En Brasil van a una reforma previsional a la chilena y en Argentina el candidato Macri admira las políticas económicas de Piñeira, lo que está en juego es el futuro previsional de todas y todos. También, una educación altamente segregada, un sistema de salud público en crisis (en grandes hospitales no hay suministros para tratar enfermedades catastróficas), y, principalmente, un sistema democrático deslegitimado, han terminado por obligar a la población chilena a volcarse a las calles.

Cada amanecer en Chile, desde el inicio de este estallido, es una confirmación de muertos, torturados y desaparecidos. La guerra del presidente tiene un propósito muy claro: defender un modelo impuesto a sangre y fuego y que hoy intenta preservar utilizando las estrategias aprendidas en los tiempos de Pinochet. Lo que se puso en cuestionamiento es el modelo económico que otros países de la región venden como ejemplo. Pero como escuchamos de una pobladora que marchaba golpeando su cacerola: “esta vez estamos dispuestos a dejar nuestros cuerpos para evitar el abuso en el que hemos vivido por años. Mejor luchar por una vida que valga la pena vivir a esta realidad que nos llena de miseria los corazones”.

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