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Lázaro Báez: su fianza es de "imposible cumplimiento"

08 de julio de 2020

La defensora del empresario Lázaro Báez explicó que el pago de más de $600 millones "es al solo efecto excarcelatorio" y que no puede abonarlos en este momento.

El empresario Lázaro Báez podría recibir el beneficio de la prisión domiciliaria este miércoles tras pasar 4 años y tres meses en el Penal de Ezeiza con prisión preventiva en el marco de una causa por lavado de dinero. Pero antes se debe resolver la cuestión de la fianza de más de $600 millones que le impuso el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, y su defensa afirmó que el pago de esa suma es de "imposible cumplimiento".

"La caución es al sólo efecto excarcelatorio. Nos llama poderosamente la atención que el Tribunal cite una caución de estas características porque el Código Penal, en el artículo 210, lo prohíbe expresamente cuando es imposible para el imputado la caución que tribunal impone", explicó a C5N Elizabeth Gasaro, abogada de Lázaro Báez.

"Hará media hora fuimos notificados de que el TOF 4 resolvió excarcelar al señor Lázaro Báez, pero con una caución de imposible cumplimiento, con lo cual el juez tendría que ordenar en las próximas horas la domiciliaria que ya tiene vigente en la causa anterior", agregó la abogada.

Por ahora Báez sigue en el Penal de Ezeiza pero si se le otorga la prisión domiciliaria sería trasladado a una propiedad en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, donde sería monitoreado con una tobillera electrónica.

Para Gasaro "existió siempre un plan de vuelo, no solamente el momento de la detención" del empresario, "sino en estos cuatro años en que sufrió amenazas, aprietes, escuchas ilegales" y otros ataques por parte de personal penitenciario y de "gente de inteligencia y periodistas", que llegaron al grado de tortura psicológica cuando "podría haber estado en libertad, a derecho, como siempre lo ha estado".

Báez podría convertirse en querellante en causa de espionaje ilegal M si se comprueba que sus conversaciones con su familia y hasta con sus abogados fueron monitoreadas por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, "con lo cual era imposible una defensa veraz".

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