La oposición buscará avanzar con la derogación de la ley antiterrorista esta semana
Uno de los más enfáticos a la hora de pedir la anulación de la norma fue el diputado del Frente Renovador Sergio Massa, quien sostiene que el Gobierno utiliza estos elementos "de forma muy negativa".
Con distintos argumentos, diferentes dirigentes opositores renovaron sus pedidos para derogar esta ley que fue aprobada en 2011, y que en ese momento ya había generado fuerte controversia, sobre todo el sectores de izquierda.
"Se utilizan los instrumentos de una manera muy negativa. Cuando uno utiliza un martillo para clavar un clavo lo está utilizando para lo que corresponde, cuando utiliza el martillo para partir una cabeza lo está utilizando para lo que no corresponde", comparó en declaraciones radiales.
Massa también recordó que una "ley cubana es muy parecida a la ley antiterrorista y sirvió para que 85 periodistas fueran silenciados" y pidió "prestar atención a lo que pasó en Santiago del Estero que fue el primer paso de aplicación de la ley", en alusión al arresto de Juan Pablo Suárez, editor de un portal de Internet por publicar la represión a un policía que reclamaba mejoras de salarios.
El reclamo massista para derogar la norma también fue apoyado por el diputado Alberto Asseff, quien afirmó que con la aplicación antiterrorista en el quiebre de la multinacional Donnelley "lo que logran es espantar las inversiones".
"En nombre del antiterrorismo, aterrorizan. Para colmo, invocando la defensa del consumidor, agudizan el intervencionismo estatal, cercenan el derecho de propiedad y dan otra vuelta de tuerca a la funesta política antinegocios que ahuyenta las inversiones", argumentó el diputado.
La Ley Antiterrorista (26.734) se sancionó en diciembre de 2011 e incorpora como agravante a todos los delitos del Código Penal su comisión con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. En un acto en la Casa Rosada, la presidenta Cristina Fernández anunció la semana pasada que llevará a la Justicia a la empresa Donnelley por entender que su quiebra, que dejó 400 personas en la calle, esconde un fraude.
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