El magistrado Alberto López instó este lunes al Ejecutivo a suspender el llamado a elecciones de los consejeros.
El juez federal de Mar del Plata Alberto López dictó este lunes su segundo fallo en pocos días contra la reforma al Consejo de la Magistratura,
donde tras anular la nueva ley de cautelares instó al Ejecutivo a
suspender el llamado a elecciones y la constitución del nuevo órgano que
controlará a los magistrados.
Se trata de un fallo idéntico al
que dictó el viernes pasado, cuando López se pronunció ante un amparo
del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Ahora, resolvió una acción
declarativa de inconstitucionalidad que había promovido en forma
particular los abogados Carlos Gabriel Tirrelli (dirigente de esa
entidad) y Mariano Begué, protesorero de la Federación Argentina de
Colegios de Abogados (FACA).
"A nosotros como abogados se nos estaría impidiendo la posibilidad de votar y de postularnos", dijo Tirrelli a DyN.
Para el juez, la ley 26.855 que reforma la Magistratura es
"incompatible" con la Constitución Nacional y su inminente aplicación
"afectaría el 'equilibrio' y 'representación'" del Consejo.
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El
freno a aplicación de la ley busca asegurar "la garantía jurisdiccional,
para impedir que el derecho cuyo reconocimiento se pretende obtener a
través del proceso pierda su virtualidad o eficacia durante el lapso que
transcurre entre su inicio y el pronunciamiento de la sentencia
definitiva en orden a la cercanía de las elecciones abiertas del 11 de
agosto del corriente año y sin que ello signifique de modo alguno
adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión", dijo el juez.
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Una vez más, López sostuvo que la nueva ley de medidas cautelares afecta
"gravemente el principio de tutela judicial efectiva, seguridad
jurídica y división de poderes vulnerando de forma palmaria" artículos
de la Constitucional Nacional".
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"Si un magistrado advierte la
palmaria inconstitucionalidad de una norma debe declararla si
manteniendo su vigencia, se afecta el derecho a una tutela judicial
efectiva de la ciudadanía y se advierte una clara agresión al principio
de división de Poderes", sostuvo.
"Debemos recordar que las
partes solo imponen los hechos y los Jueces el derecho. De tal forma,
cuando los Magistrados están persuadidos que una norma atenta contra la
Ley Fundamental deben pronunciarse de oficio sobre su inaplicabilidad,
pues caso contrario voluntariamente subvertirían el orden jurídico
determinado por el artículo 31 de Constitucional Nacional", señaló.
Tras admitir que invalidar una norma "es un acto de suma gravedad" y
debe "realizarse con suma prudencia", López recordó un fallo de la
Corte Suprema que habilita a los magistrados a "ejercer el control de
oficio de constitucionalidad, sin que ello atente contra el principio de
división de poderes".
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