El Gobierno anunció que destinará $590 millones al Banco Nacional de Datos Genéticos

El Gobierno informó que ya inició las gestiones para reforzar el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos y pidió que se deje sin efecto la medida cautelar que lo obligaba a garantizar de manera inmediata el funcionamiento del organismo clave para las investigaciones por delitos de lesa humanidad.

La presentación fue realizada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete en el expediente donde el juez había ordenado adoptar “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para asegurar el funcionamiento del banco.

En el escrito, el Gobierno sostuvo que “todos los requerimientos sobre medidas en relación a la ejecución del presupuesto que el citado Banco solicitó ante esta Secretaría fueron debidamente tramitados y conformados”.

Se trata de la respuesta del Gobierno a una resolución en la que el juez ordenó al gobierno adoptar las medidas presupuestarias y administrativas necesarias para asegurar el funcionamiento del organismo.

El magistrado advirtió que está en riesgo la preservación de muestras biológicas, la cadena de custodia y el normal desarrollo de investigaciones vinculadas con apropiación de niños durante la última dictadura militar.

La medida fue dictada a partir de un planteo realizado por fiscales especializados en delitos de lesa humanidad, quienes alertaron sobre la situación crítica del organismo. Según describieron, la falta de presupuesto pone en peligro servicios esenciales como limpieza, vigilancia, mantenimiento del edificio, preservación de muestras y seguridad informática.

El 8 de mayo pasado, directora Mariana Herrera Piñero, informó que ya no podría seguir tomando muestras biológicas indispensables para identificar a quienes pueden ser hijos o hijas de desaparecidos.

Luego la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante) a cargo del fiscal Pablo Parenti y la Unidad de Derechos Humanos de La Plata, integrada por el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Nogueira, hicieron la presentación judicial.

La semana pasada, Ramos Padilla dictó una medida cautelar interina ordenando al Gobierno, puntualmente al jefe de Gabinete Manuel Adorni, garantizar el funcionamiento del BNDG.

La presentación del Gobierno por el BNDG

La presentación da cuenta de una reunión realizada el 19 de mayo entre funcionarios de la Jefatura de Gabinete, representantes del organismo y autoridades del banco, en la que se detectó la necesidad de ampliar las partidas presupuestarias.

Según la presentación, “la necesidad más urgente del Organismo radica en la disponibilidad de cuota de compromiso y de devengado” para afrontar deudas ya existentes y garantizar la operatoria cotidiana.

En ese marco, el Gobierno informó que se comprometió a gestionar “la incorporación de crédito presupuestario de PESOS QUINIENTOS NOVENTA MILLONES ($590.000.000) a efectos de garantizar la continuidad operativa del BNDG”.

La Casa Rosada también sostuvo que tanto la Jefatura de Gabinete como la Secretaría de Innovación “se comprometieron a tramitar una compensación de crédito por el importe mencionado”.

Sin embargo, en paralelo, el Gobierno cuestionó con dureza el diagnóstico presentado por las autoridades del Banco Nacional de Datos Genéticos y afirmó que los problemas operativos “obedecen, al día de la fecha, a una gestión ineficiente de los recursos actualmente disponibles y a la falta de impulso de sus procesos administrativos y operativos y no a una insuficiencia de crédito”.

Incluso aseguró que “no se observa un impedimento presupuestario para la continuidad de los servicios que son indispensables para su correcto funcionamiento”.

A partir de eso, el Estado nacional pidió que el juez deje sin efecto la cautelar dictada el 14 de mayo y defendió el manejo del presupuesto como una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo y del Congreso.

En uno de los tramos del escrito, el Gobierno afirmó que la decisión judicial implicó “un alarmante avance” del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial “sobre las facultades propias y exclusivas del Poder Ejecutivo”.

También sostuvo que ordenar reasignaciones presupuestarias desde los tribunales “desbarataría el sistema republicano” e “introduciría un desequilibrio en las cuentas fiscales”.