El Gobierno apeló la intimación judicial por la Ley de Financiamiento Universitario
En la presentación sostienen que se cumplió con la cautelar y pidió que se deje sin efecto el apercibimiento de multas impuesto por el juez Martín Cormick.
Javier Milei con la motosierra.
El Gobierno apeló la intimación judicial que le otorgó cinco días para cumplir de manera integral con la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario y solicitó que se deje sin efecto el apercibimiento de multas.
La presentación fue realizada el viernes ante el juez Martín Cormick y sostiene que el Ejecutivo ya cumplió con las obligaciones establecidas por la cautelar y aportó documentación para respaldar esa posición, luego de que el magistrado considerara que no hubo un cumplimiento total de la medida e intimara al Estado a completarlo bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora.
Además, solicitaron que, en caso de rechazar el planteo, se habilite una apelación con efecto suspensivo.
La discusión gira en torno a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan la actualización salarial de docentes y no docentes universitarios, además de la recomposición de programas de becas estudiantiles. En el escrito, el Gobierno afirmó que los aumentos otorgados desde diciembre de 2023 alcanzaron un 226,8% acumulado y defendió las negociaciones paritarias realizadas durante este año, aunque los gremios rechazan ese criterio y sostienen que persiste una pérdida salarial.
En relación con las becas, presentaron documentación sobre la actualización del programa Manuel Belgrano, mientras mantiene diferencias respecto de qué otros programas deben quedar alcanzados por la cautelar.
También cuestionaron la posibilidad de aplicar multas económicas al Estado Nacional y pidió que se revoquen tanto la intimación como el apercibimiento. Según la Casa Rosada, la medida cautelar ya fue cumplida mediante transferencias, resoluciones salariales, actas paritarias y documentación vinculada a las becas.
Mientras tanto, el Gobierno busca sostener las negociaciones con rectores y gremios en el marco de la discusión del Presupuesto 2027. La definición quedó ahora en manos de Cormick, quien, si rechaza la revocatoria presentada por el Ejecutivo, deberá resolver la apelación y determinar si la concede con efecto suspensivo antes de que el caso llegue a la Cámara.
Se viene otro paro de docentes universitarios en la previa a la Marcha Federal
Debido a que el Gobierno Nacional se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario votada por el Congreso, pese a las intimaciones judiciales en ese sentido, los docentes universitarios convocaron a un nuevo paro general de actividades para la próxima semana.
Según informaron los gremios que los agrupan, la medida de fuerza afectará a todas las universidades nacionales de todo el país y se llevará a cabo entre 48 y 72 horas a partir del próximo miércoles 30 de septiembre.
El paro fue resuelto en un plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que buscará coordinarlo con la CONADU Histórica, y formará parte de las acciones previas a la Quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.
Como se sabe, los trabajadores universitarios reclaman al gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una urgente recomposición salarial ante el fuerte deterioro del poder adquisitivo.
En ese sentido vale aclarar que la medida de fuerza está sujeta al cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo del aumento del 33,4% que establece la ley. De no hacerlo para el martes 29, los docentes paralizarán desde el día siguiente todas las actividades.
El Gobierno no aplica la Ley de Financiamiento Universitario ni acata a la Justicia
El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, esta semana había intimado al Gobierno Nacional a dar cumplimiento total a la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, dando un plazo de cinco días para el acatamiento.
El magistrado había dictado la medida en diciembre de 2025, la Cámara de Apelaciones la avaló en marzo de este año y, finalmente, la Corte Suprema de la Nación dejó firme la decisión el 25 de junio último.
Sin embargo, el Gobierno anunció que apelaría esa resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, argumentando que ya cumplió con la cautelar y que presentó ante la Justicia la documentación para acreditarlo.
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