El Gobierno apura la reglamentación de la Reforma Laboral para "blindarla"
El oficialismo pretende reglamentar la norma antes de que termine abril y así "blindarla" ante los diversos reveses judiciales que viene sufriendo.
Federico Sturzenegger, autor intelectual de la Reforma Laboral.
El Gobierno Nacional se encuentra en pleno proceso de apurar la reglamentación de la reforma laboral recientemente votada en el Congreso con el objetivo de oficializarla en abril y así intentar blindarla ante los diversos reveses judiciales que la norma sufre en la Justicia del Trabajo.
Como se sabe, el revés judicial más reciente sufrido por el oficialismo ocurrió el primer día de este mes, cuando el juez Raúl Horacio Ojeda dictó una medida cautelar para suspender 82 artículos de la ley de reforma laboral al advertir que vulneran “principios del derecho de trabajo”.
Ante un panorama tan adverso en los ámbitos tribunalicios, adonde por ejemplo ha recurrido la CGT, en Casa Rosada pusieron en marcha el circuito administrativo para cerrar el decreto reglamentario de la Ley 27.802 a fin de avanzar en la cuestión de fondo de la reforma, en lo que no pretender retroceder “en ningún aspecto”, según indicaron fuentes del Poder Ejecutivo.
La estrategia es coordinada entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica, desde donde se busca sacar las denuncias del ámbito del Trabajo para concentrar la mayor cantidad posible ante el fuero Contencioso Administrativo y, eventualmente, escalar a la Corte Suprema.
La reglamentación de la ley de reforma laboral incumbe a diverso ministerios y dependencias oficiales: Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Luego, los expedientes llegan a Legal y Técnica para elaborar el texto final y publicar el decreto en el Boletín Oficial para que cobre plena vigencia.
El Poder Ejecutivo apuesta a que el decreto reglamentario funcione como “blindaje técnico” en dos puntos clave: cómo se aplica la ley a relaciones laborales ya existentes y cómo se instrumentan los nuevos procedimientos, apuntando a que todo se resuelva en la Corte Suprema, donde hay consenso con respecto a la “afinidad” de sus integrantes ante las políticas libertarias.
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