El Gobierno se desentiende de las personas en situación de calle y convoca a provincias para que se hagan cargo
Mediante un decreto publicado esta semana en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo delegó todas sus responsabilidades en los gobiernos locales, en lo referido a familias enteras que hoy se encuentran en situación de calle.
Cada día hay más personas en situación de calle.
El Gobierno Nacional conformó con las representaciones provinciales el primer Encuentro Federal de Diálogo y Articulación para el Relevamiento de Personas en Situación de Calle, donde se compartieron herramientas técnicas, metodológicas y operativas con el objetivo de asegurar criterios unificados a ajustarse a las particularidades de cada territorio.
Durante la jornada convocada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, las provincias de San Luis, Salta, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán y Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires compartieron testimonios y realizaron aportes sobre los programas, dispositivos y acciones que se encuentran vigentes en sus territorios.
Del encuentro participaron el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez, y el subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera, además de representantes de 19 jurisdicciones del país.
En ese sentido, desde el Ministerio de Capital Humano se informó que esa cartera "continúa con su rol activo de rectoría y coordinación, renovando con convicción su compromiso de colaboración y cuidado hacia quienes más lo necesitan, favoreciendo el bienestar y la protección integral de todos los ciudadanos".
Personas en situación de calle: el gobierno libertario se borra por decreto
Como se sabe, el Poder Ejecutivo implementó cambios significativos en la Ley 27.654, que regula los derechos de las personas en situación de calle, limitando su propia intervención directa y delegando la responsabilidad de la ejecución de políticas sociales en provincias y municipios.
Lo hizo a través del decreto 373, publicado el lunes último en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra Sandra Pettovello, redefiniendo y, de hecho, delegando en gobiernos locales la problemática de las personas en situación de calle que día a día aumentan a raíz de la crisis socioeconómica que sufren las familias argentinas.
La mencionada ley, sancionada en 2021, busca promover en forma integral los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, garantizando el acceso a la vivienda y la protección de quienes pueden perderla.
“La presente ley tiene por objeto garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”, dice el primer artículo de la norma sancionada por el Congreso.
“Con fundamento en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional, las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina”, reza el artículo 2, señalando en el siguiente que es “el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (hoy Ministerio de Capital Humano) será la autoridad de aplicación de la presente ley”.
Sin embargo, la modificación libertaria reduce el rol del Gobierno Nacional a "órgano rector" a través de la aprobación de directrices y lineamientos generales, mientras que la asistencia directa queda ahora supeditada a las capacidades técnicas, humanas o financieras de las provincias y municipios.
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