El oficialismo no logró dictamen al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y quedó empantanado
Los senadores de La Libertad Avanza no consiguieron las firmas necesarias para un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones, dejando en suspenso la iniciativa anarcocapitalista.
Plenario de comisiones en el Senado.
El oficialismo no logró este miércoles reunir las firmas necesarias de senadores para emitir dictamen de mayoría sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que había regresado desde Diputados con modificaciones sustanciales.
Como se sabe, la cámara baja había restituido al proyecto la Ley de Tierras, sancionada en 2011 durante el kirchnerismo, que limita a extranjeros la adquisición de tierras rurales, sobre todo en zonas estratégicas, como las fronterizas.
La falta de acuerdo, entonces, dejó empantanado el tratamiento de una iniciativa que el Gobierno Nacional considera estratégica para su agenda de desregulación, pero que enfrenta traspiés en su recorrido legislativo.
En concreto, en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, acompañaron el dictamen de mayoría los representantes de La Libertad Avanza, presididos por Patricia Bullrich, la Unión Cívica Radical y Convicción Federal, aunque sin alcanzar el número suficiente para imponer la postura oficialista.
El peronismo y los bloques provinciales no firmaron, lo que bloqueó el avance inmediato del proyecto original que tuvo en Diputados un cambio bastante importante para las apetencias anarcocapitalistas.
El recorrido de un proyecto sin consensos
Como se sabe, la iniciativa ya había sido aprobada por el Senado el 6 de agosto, pero en aquella sesión la oposición peronista logró suprimir el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, uno de los puntos más controvertidos.
Cuando el proyecto llegó a Diputados, el 21 de octubre, se incorporó un cambio decisivo: la restitución de la Ley de Tierras Rurales, modificación que obligó a que el texto regresara en revisión al Senado, donde ahora quedó trabado.
La Ley de Tierras —derogada en 2023 mediante el DNU 70/2023— había sido defendida por organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Defensoría del Pueblo, que advertían sobre la concentración de tierras en manos de sociedades extranjeras.
La restitución de esa ley y su plena vigencia reabrió un debate donde la oposición confronta de igual a igual con un oficialismo que no encuentra el camino para salir del atolladero.
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