El Senado se apronta a tratar el proyecto que autoriza la extranjerización de tierras rurales
La iniciativa libertaria fue modificada para que los gobernadores la respalden, delegando en las provincias la última palabra, junto a Nación.
Senado de la Nación.
Según trascendió, el proyecto denominado de inviolabilidad de la propiedad privada será debatido el jueves próximo en el Senado, luego de que su tratamiento fuera postergado al menos en dos ocasiones debido a que el oficialismo no logra convencer ni siquiera a sus aliados a raíz de la polémica desatada alrededor de la extranjerización de tierras rurales.
La iniciativa enviada al Congreso por el Ejecutivo iba a ser discutida el 3 de junio, pero se decidió postergarlo ante la unánime oposición al artículo referido a la eliminación de límites para que empresarios compren tierras rurales, y luego se había incluido en la sesión del 25 de junio, pero esa deliberación se cayó por falta de quórum.
Redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se trata de una iniciativa que, por un lado, cambia aspectos relacionados con inmuebles y derechos de propiedad, pero causa escozor al permitir la eventual extranjerización masiva de las tierras rurales, hasta ahora limitada a un 15%.
Este último es el aspecto con más cantidad de opiniones encontradas, incluso entre gobernadores que, más allá de seguridad jurídica que brinda el proyecto, advierten sobre los riesgos de extranjerización de recursos estratégicos como la tierra.
Ante esta situación, el Gobierno introdujo modificaciones al proyecto original elaborado por Sturzenegger, delegando a las provincias una intervención clave en las eventuales operaciones de compraventa, debiendo cada distrito autorizarlas o no dentro de sus territorios.
Por otro lado, en las zonas de frontera dichas operaciones tendrán un tratamiento diferente: la compra de extensiones rurales ubicados en esas áreas por parte de extranjeros requerirá una aprobación conjunta entre los gobiernos provinciales y el nacional, lo que habría abierto las puertas para la aprobación del proyecto anarcocapitalista.
En concreto, el proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras rurales salvo cuando la adquisición sea por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera, debiendo requerirse en estos casos autorización de la provincia donde se encuentre el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
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