Eliminaron la equiparación de salarios de estatales y anticipan una nueva licuación de ingresos
El gobierno de Javier Milei eliminó la ley que equiparaba los salarios de los trabajadores contratados en el Estado con aquellos que pertenecen a la planta permanente. ATE advirtió que desde el inicio de la gestión libertaria, el poder adquisitivo de los estatales cayó más del 40%.
El gobierno de Javier Milei eliminó este miércoles una norma que regía desde hacía más de 20 años y que disponía la equiparación salarial entre los trabajadores de planta de permanente del Estado y los que se desempeñan bajo la modalidad de contrato.
Así quedó plasmado en la Decisión Administrativa 26/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con las firmas del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Allí, y de manera muy escueta, el gobierno libertario dispuso la derogación de "la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004".
Aquella norma, ahora derogada, establecía en su primer artículo que "el personal contratado percibirá una remuneración mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente de la jurisdicción u organismo descentralizado contratante al que corresponda equipararlo según el tipo de funciones a desarrollar. Esa remuneración será ajustada de manera directamente proporcional a la dedicación horaria que se prevea en el contrato".
De esta manera Milei y Sturzenegger apunta a desanclar los salarios de los contratados de los trabajadores que pertenecen a la planta permanente del Estado y abren la puerta a profundizar la licuación de sus salarios.
Entre los considerandos de la medida, el Gobierno advirtió que "la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, en su carácter de Autoridad de Aplicación del referido régimen, se encuentra efectuando una revisión integral de la normativa aplicable a la materia de contrataciones de personal, con la finalidad de optimizar los procesos que propendan a la mejora en la calidad de la gestión de los organismos que integran la Administración Pública Nacional".
Y sentencia luego, sin dar mayores explicaciones de los motivos, que "atento lo señalado deviene necesario derogar la Decisión Administrativa N° 3/04".
Licuación de salarios
El gobierno de Milei hizo de la licuación de los salarios de los trabajadores una de las patas fundamentales de su estrategia para hacer bajar la inflación. Y aunque esta política afectó tanto a trabajadores públicos como privados, aquellos que se desempeñan en la administración pública nacional son los que se llevaron la peor parte.
Según los últimos datos oficiales, los trabajadores estatales acumulan una pérdida real en el poder adquisitivo de sus salarios de hasta el 19,4% debido al fuerte ajuste que impulsa el gobierno libertario. Una de las caídas más pronunciadas en comparación con el sector privado.
A la par de la licuación de salarios, el gobierno libertario ya despidió a más de 50 mil trabajadores contratados y pasó a miles que forman parte de la planta permanente a "situación de disponibilidad", un nuevo régimen creado al calor de la Ley Bases para poner fin a la estabilidad laboral en el Estado y abrir la puerta a su despido en una segunda instancia.
Este régimen les permite a los trabajadores conservar el sueldo por un período 6, 9 o 12 meses, según antigüedad, mientras se busca reubicarlo, cosa que, de no producirse derivará en su despido.
En tanto, el Departamento de Análisis de Empleo, Salarios y Políticas del Sector Público, de la Secretaría de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE Nacional advirtió días atrás que desde diciembre 2023, cuando Milei asumió al frente de la Casa Rosada, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los estatales llegó al 35,9%, si se toma de base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), pero más de 40% si se considera el aumento de los servicios, alquiler y educación en el consumo familiar.
Decisión Administrativa 26/2025:
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