Fuerte respaldo a la jueza Laura De Marinis: un centenar de magistrados porteños cuestionó el pedido de juicio político

Qué dice el comunicado de los jueces porteños en respaldo a Laura De Marinis

En esa sentencia, De Marinis declaró la inconstitucionalidad de la norma en relación con un adolescente de 14 años, al considerar que la reducción de la edad de punibilidad resulta regresiva respecto del sistema de protección integral de derechos.

Los magistrados recordaron que el planteo de inconstitucionalidad había sido impulsado por el Ministerio Público de la Defensa y que contó con la adhesión del Ministerio Público Tutelar, en representación de los derechos del adolescente.

En el comunicado, los jueces defendieron la facultad de los magistrados para ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad y remarcaron que una sentencia puede ser cuestionada por las vías judiciales previstas por la ley, pero no mediante mecanismos que, según sostuvieron, puedan afectar la independencia judicial.

La jueza Laura Beatriz de Marinis, titular del juzgado penal juvenil, contravencional y de faltas N° 3.

“Más allá de si un pronunciamiento judicial es o no compartido, es preciso subrayar que las mínimas condiciones de vigencia del Estado de Derecho y la forma republicana de gobierno –que comprende el principio de la división de poderes– imponen el respeto de las decisiones que, con base constitucional, adoptan los jueces y las juezas”, señalaron.

El comunicado pone especial énfasis en que el propio sistema judicial ya contempla mecanismos para revisar una sentencia con la que alguna de las partes no esté de acuerdo. De hecho, remarcaron que el Ministerio Público Fiscal ya apeló la resolución de De Marinis.

“La legislación procesal pone a disposición de las partes los canales recursivos apropiados para obtener la revisión de tales decisiones por las instancias judiciales superiores”, afirmaron.

Y agregaron una de las definiciones más contundentes del documento: “En cambio, la promoción de un juicio político como respuesta al contenido de una sentencia agravia seriamente la independencia judicial”.

Para los firmantes, la independencia de los jueces no constituye un privilegio personal de los magistrados sino una garantía para los ciudadanos frente a eventuales interferencias de otros poderes del Estado.

“La independencia judicial ha sido instituida por el constituyente no en beneficio de los jueces, sino en amparo de los derechos y las garantías de las personas, para que no puedan ser avasalladas por ningún otro poder, dentro o fuera del Estado”, sostuvieron.

Los magistrados también citaron los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre independencia judicial y marcaron una diferencia entre los mecanismos destinados a revisar una sentencia y aquellos que pueden utilizarse para investigar la conducta de un juez.

En ese sentido, señalaron que los recursos judiciales tienen como finalidad revisar la corrección de una decisión, mientras que los procedimientos disciplinarios deben analizar la conducta de quien ejerce la magistratura.

El documento concluye con una fuerte advertencia institucional: “Rechazamos la intromisión y el acoso del Poder Ejecutivo, y exhortamos a las autoridades públicas a actuar con mesura, prudencia institucional y apego al derecho”.

Entre los firmantes aparecen los jueces y juezas Juan José Albornoz, Karina Andrade, Javier I. Barraza, Pablo Casas, Sergio Delgado, Andrés Gallardo, Elena Liberatori, Gabriela Marquiegui Mc Loughlin, Gustavo D. Moreno, Alejandra Petrella, Daniela Rezzonico, Fabiana Schafrik, Romina Surace, Martín Taboada Abreu, Víctor Trionfetti y Paula Vaca, entre otros.