Hidrovía: nueva denuncia penal contra funcionarios del Gobierno y empresarios

La denuncia fue presentada por Fernando Miguez, titular de la fundación, junto con la abogada Marcela Scotti. Allí se habla de una supuesta “defraudación sistemática mediante el fraude a un estado” y se reclama una investigación por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos.

Según el escrito, la maniobra estaría relacionada con el nuevo esquema de concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay y tendría un perjuicio estimado en “USD 7.000 millones”.

Uno de los ejes centrales de la denuncia es la supuesta confección de un pliego “a medida” para favorecer a la empresa Jan De Nul, actual operadora del dragado.

El texto afirma que “la maniobra se materializa a través de un pliego diseñado con cláusulas de exclusión técnica”, particularmente la exigencia de “44 pies de calado inmediato”, condición que —según los denunciantes— “garantiza un oferente único”.

“Es una licitación con un solo corredor”, sostiene el escrito. Y agrega: “La única empresa que tiene hoy las dragas de succión por arrastre necesarias, que ya están en el río, que ya tienen la logística y que pueden cumplir con esos 44 pies mañana mismo, es la Compañía Sud Americana de Dragados. O sea, Jan De Nul”.

La denuncia también cuestiona el esquema de cobro del peaje. Según los denunciantes, el Gobierno buscaría que el concesionario privado vuelva a recaudar directamente los ingresos de la Hidrovía, desplazando a la Administración General de Puertos (AGP).

“Estamos hablando de 500 millones de dólares al año. Si el privado cobra y el privado dice cuánto dragó, se acaba el control. Es la caja perfecta”, afirma el texto.

En otro tramo, el escrito asegura que “si algo funciona y da superávit, ¿por qué lo querés privatizar de nuevo? La única respuesta es la caja”. Y añade: “El Estado pierde la capacidad de saber qué pasa en el río. Pierde la soberanía económica sobre el principal canal de salida de nuestras riquezas”.

Se denuncia que habría existido una “purga silenciosa” de técnicos dentro de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Según el escrito, funcionarios “desplazaron a los cuadros técnicos que hacían las observaciones sobre los costos de dragado” para reemplazarlos por perfiles alineados con el nuevo esquema.

“La Hidrovía es el ejemplo más obsceno de cómo se maneja este Gobierno: con una mesa chica que decide por encima de las instituciones”, afirma la denuncia.

También sostiene que “no es una privatización mal hecha; es una privatización bien hecha para los fines que ellos buscan: el desfinanciamiento del Estado y la entrega de una renta extraordinaria dirigida a un grupo de amigos”.

Entre las medidas de prueba solicitadas, la fundación pidió el secuestro de borradores de los pliegos, auditorías sobre la rentabilidad de la AGP, pericias navales para determinar cuántas empresas podían cumplir con el requisito de los 44 pies y el relevamiento de comunicaciones y expedientes administrativos.

También reclamó una cautelar para frenar el proceso licitatorio. “Se dicte una medida cautelar de no innovar disponiendo la suspensión inmediata del proceso licitatorio de la Hidrovía hasta tanto se auditen los pliegos y se garantice la transparencia del proceso”, concluye la presentación.