En noviembre será inaugurado en Córdoba el último laboratorio de la iniciativa en la que el Gobierno nacional invirtió 83 millones de pesos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció este jueves que en noviembre se inaugurará el laboratorio central de Córdoba, que asistirá a esa provincia, Santa Fe y Entre Ríos, y completa la primera Red Nacional de Laboratorios de Ciencias Forenses, en la que el Gobierno nacional invirtió 83 millones de pesos para equipar 14 centros de alta complejidad.
Estos laboratorios permiten que los jueces y fiscales puedan, en su propia jurisdicción, ordenar peritajes sin recurrir a Buenos Aires o depender de las fuerzas de seguridad o laboratorios privados, con la mayor celeridad, eficiencia y autonomía.
Esta iniciativa fue realizada junto con el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, y del Consejo Federal de Política Criminal, cuyos representantes se reunieron este mediodía con Alak.
Tras el encuentro, el ministro explicó que "se trata del proyecto más integral y federal dado en la justicia argentina en los últimos 50 años, por el cual cada Región (Cuyo, NEA, NOA, Centro, Patagonia Norte, Patagonia Sur y Buenos Aires) y cada una de las provincias, recibieron moderna tecnología para la investigación criminal". "Por primera vez en la historia nacional, los jueces y fiscales del país tienen en su propia organización, la posibilidad de ordenar peritajes sin depender de otros organismos públicos o de laboratorios privados, lo que representa un altísimo nivel de descentralización en la investigación criminal", subrayó Alak.
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos consideró en ese orden que "la conformación de una amplia Red Nacional de Investigación, a través de la creación de laboratorios forenses regionales, es un aporte vital que mejora el servicio de Justicia argentino".
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Los centros de alta complejidad que se integran a la red, explicó Alak, "brindan a la investigación criminal todas las evidencias científicas imprescindibles, seguras, confiables y oportunas que requiere el proceso penal, incorporando tecnología de última generación y dotando a los operadores del Ministerio Público Fiscal de los recursos técnicos de avanzada que ya se encuentran consensuados a nivel internacional como herramientas de alto valor indiciario y probatorio".
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