Piden desestimar la denuncia por filmaciones en Casa Rosada: "No se obtuvieron ni revelaron secretos"

El dictamen, presentado este martes, sostiene que las imágenes difundidas por el programa “¿Y mañana qué?” no mostraron “espacios secretos”, ni “cronogramas de reuniones”, ni “patrones de comportamiento del personal de seguridad”, ni tampoco sistemas de vigilancia o movimientos del Presidente.

La denuncia había sido presentada por el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, quien acusó a los periodistas de haber realizado “una grabación subrepticia” dentro de la sede del Poder Ejecutivo y advirtió que el contenido podría afectar la seguridad nacional. Según el escrito, el cronista había ingresado a la Casa Rosada con “lentes inteligentes”, recorriendo “pasillos y despachos” mientras “identificaba con voz tenue las personalidades que allí se encontraban”.

Ibáñez sostuvo además que “el acceso a la sede del Poder Ejecutivo de la Nación y la exposición de sus detalles estructurales y logísticos podrían vulnerar la seguridad del país” y relacionó el episodio con el “contexto de tensión internacional” derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Sin embargo, Pollicita afirmó que, tras analizar el material crudo y el programa completo aportados por ARTEAR, se corroboró que “la actividad efectivamente realizada no se condice con la referida en la denuncia”.

“El periodista SALERNO, a lo largo de la grabación obtenida mediante lentes inteligentes, captó imágenes similares a las ya dadas a conocer al público en general”, afirmó el fiscal. Y agregó que existen “registros visuales de acceso público —incluso a través de herramientas digitales como Google Maps, de la propia página oficial de la Casa de Gobierno y videos en plataformas como Youtube— que permiten observar distintos sectores de la edificación”.

Pollicita sostuvo: “No se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos ni compatibles con la inspección de despachos, con la revelación ilícita del cronograma de reuniones de los funcionarios, con el registro de patrones de comportamiento del personal de seguridad y de los funcionarios ni con su ubicación habitual”.

También remarcó que en las imágenes “se advierten pasillos y espacios vacíos” y apenas “la presencia de algunas personas que circulan ocasionalmente por el lugar”, como “una mujer con saco rojo mirando su celular, un hombre con prendas oscuras caminando” o “algunos granaderos”.

El fiscal señaló además que varias afirmaciones realizadas en off por el periodista no coincidían con lo que efectivamente mostraba la cámara. Como ejemplo, mencionó el momento en el que Salerno afirma que “en el despacho de Lule Menem se ve entrar a legisladores, intendentes, gobernadores”, aunque el video “sólo muestra pasillos vacíos del interior del edificio”.

Libertad de expresión

En el dictamen, Pollicita desarrolló además una extensa defensa de la libertad de expresión y de prensa como “pilares esenciales del sistema democrático”. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y destacó que esas garantías “permiten el libre acceso, circulación y difusión de información de interés público”.

Aunque aclaró que la libertad de prensa “no reviste carácter absoluto”, sostuvo que cualquier restricción debe interpretarse “de manera excepcional”.

El fiscal también consideró que las conductas denunciadas “podrían ser moral, profesional y éticamente reprochables”, pero aclaró que eso “no es materia de discusión en este expediente penal”.

En paralelo, el dictamen confirmó que el Gobierno ya aplicó sanciones administrativas contra el periodista. Según detalló, la Secretaría General de la Presidencia dio de baja la huella biométrica de Salerno para ingresar a Casa Rosada al entender que “habría incurrido en una conducta prohibida expresamente” por la resolución que regula las acreditaciones periodísticas.

Además, se eliminó de la lista de acreditados 2026 a periodistas de TN y Clarín.

Sobre ese punto, Pollicita entendió que “las conductas analizadas —en tanto implicaron la captación de imágenes en espacios no autorizados— encontraron respuesta en el ámbito administrativo”, donde la normativa ya prevé sanciones como “la revocación, suspensión o no renovación de la acreditación”.

Finalmente, el fiscal concluyó que “los hechos denunciados no configuran ilícito alguno” y sostuvo que el Derecho Penal debe actuar sólo como “última ratio”. “La intervención estatal por medio del Derecho Penal debe ser considerada sólo como último recurso”, afirmó antes de solicitar formalmente que la denuncia sea desestimada y el expediente archivado.