La Justicia frenó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario hasta que se expida la Corte Suprema
El Ministerio de Capital Humano logró que quede en suspenso la norma hasta que el litigio quede resuelto "de manera definitiva" por el máximo tribunal nacional.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo hizo lugar este jueves al planteo del Ministerio de Capital Humano sobre la Ley de Financiamiento Universitario, y dejó en suspenso la aplicación de la norma hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Como caso ya está en el escritorio del máximo tribunal de la Nación, los jueces de la Sala III de la Cámara resolvieron dejar sin efecto la medida cautelar que en primera instancia obligaba al Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aún sin la respuesta sobre el origen de los fondos para hacerlo.
"Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida caultelar hasta tanto se expida de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación", señalaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello.
"Cabe recordar que mediante el Decreto No 759/25 se promulgó la Ley 27.775 quedando suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento ya que su aplicación plena comprometía el equilibrio de las cuentas públicas", informaron en un comunicado oficial.
El Decreto 759/2025 fue publicado el 10 de octubre de 2025 en el Boletín oficial con la premisa de que con la Ley de Financiamiento Universitario "se introducen modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las universidades públicas".
Por ley, el financiamiento universitario depende de la Ley de Presupuesto anual, que no fue actualizada ni en 2024 ni en 2025.
Recién en 2026 se aprobó la primera Ley de Presupuesto de la gestión de Javier Milei. Los dos años anteriores simplemente se prorrogó el Presupuesto 2023 y se aplicaron las mismas partidas a los gastos del Estado, sin tener en cuenta a la inflación ni otros avatares de la economía.
Pero el decreto 759/2025 se basa en el artículo 5 de la Ley 24.629, que data de 1996 y estipula que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos", y que "en caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".
"El Gobierno nacional ratifica su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y la asignación eficiente de los recursos del Estado", cierra el mensaje de Capital Humano este jueves.
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